
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, marcó distancia de la investigación penal contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, y sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales determinar su responsabilidad.
El mandatario afirmó que su administración no litigará el caso en medios de comunicación y pidió esperar el desarrollo del proceso.
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Javier May evita intervenir en el proceso contra Hernán Bermúdez
Durante un encuentro con medios, May rechazó que su postura implique desentenderse del caso, pero aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para decidir sobre la situación jurídica del exfuncionario.
El gobernador explicó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República son las instituciones encargadas de investigar, reunir pruebas y presentar los elementos correspondientes ante los tribunales.

“Nosotros no litigamos estos temas”, resumió el mandatario, al señalar que será el Poder Judicial el que determine si existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Bermúdez.
Hernán Bermúdez enfrenta nuevas acusaciones penales
El exsecretario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, después de ser detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado posteriormente a México.
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Actualmente enfrenta distintas investigaciones. Entre ellas se encuentra una causa por desaparición forzada de personas, además de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.
La Fiscalía de Tabasco también ha solicitado una pena acumulada de hasta 154 años de prisión por algunos de estos delitos.

No obstante, el proceso continúa y, conforme al principio de presunción de inocencia, Bermúdez debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.
Fiscalía de Tabasco fortalece carpetas de investigación
May señaló que las autoridades ministeriales continúan integrando y reforzando las carpetas relacionadas con el exfuncionario. Añadió que podrían surgir nuevas imputaciones si las fiscalías encuentran elementos que permitan sustentar otros delitos.
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El proceso penal ha avanzado a distintas etapas y recientemente se realizó una audiencia intermedia, en la que se revisan, ofrecen y controvierten las pruebas que eventualmente podrían llegar a una etapa de juicio oral.
Entre los principales puntos del caso se encuentran:
- Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
- Las autoridades lo identifican como presunto líder de La Barredora.
- Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025.
- Permanece bajo prisión preventiva en el Altiplano.
- Su defensa sostiene que es inocente y denuncia una presunta persecución política y mediática.

Hernán Bermúdez rechaza ser líder de La Barredora
Desde el penal federal, Bermúdez difundió recientemente una carta en la que negó haber encabezado La Barredora y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
El exfuncionario afirmó que su caso ha sido acompañado por una exposición mediática que, a su juicio, afecta su presunción de inocencia. También cuestionó la posible utilización de testimonios obtenidos mediante beneficios procesales y pidió que las autoridades sustenten cualquier acusación con pruebas sólidas.
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Bermúdez aseguró que confía en la autonomía del Poder Judicial y sostuvo que su proceso debe resolverse conforme a derecho, sin que factores políticos o mediáticos sustituyan a las instituciones encargadas de impartir justicia.

May pide esperar el resultado de las investigaciones
Ante las preguntas sobre su relación con el caso, Javier May insistió en que no corresponde al Ejecutivo pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del exsecretario.
El gobernador señaló que las investigaciones seguirán su curso y que las fiscalías deberán presentar ante los jueces los elementos que consideren pertinentes.
Mientras tanto, reiteró que cualquier determinación sobre Bermúdez deberá surgir de las autoridades competentes y dentro del marco del debido proceso.
Así, el gobierno estatal mantiene una postura de distancia institucional frente a uno de los procesos penales más relevantes relacionados con la administración de seguridad de Tabasco en los últimos años.
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