Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) tras ser vinculados con el asesinato de Adolfo “N”, repartidor de garrafones de agua de 26 años, atacado a balazos el 11 de agosto de 2026 en la colonia Lucía Alcocer de Chilpancingo de los Bravo. Los detenidos fueron identificados como William “N”, alias “La Bomba”, y Víctor “N”.

El ataque ocurrió cerca de las 15 horas sobre el andador Caminos. El cuerpo de Adolfo “N” quedó tendido junto a la camioneta repartidora que utilizaba para trabajar.

Medios locales detallaron aquel día que en el lugar se recogieron 16 casquillos de bala. Dos personas más, señaladas extraoficialmente como compañeros de trabajo de la víctima, Irving “N”, de 22 años, y Alberto “N”, de 30 años, resultaron heridos y llegaron por su cuenta a un hospital, sin que se sepa hasta el momento su estado de salud.

La aprehensión de los dos sospechosos fue gracias a un operativo coordinado

La orden de aprehensión fue obtenida tras actos de investigación que permitieron a la Fiscalía General del Estado acreditar la probable participación de ambos imputados en el homicidio. Para ejecutarla, la dependencia coordinó acciones con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

William “N” y Víctor “N” quedaron a disposición del juez de control correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

“Los Ardillos” surgieron del vacío que dejó el Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero

El grupo criminal al que pertenecerían los supuestos criminales fue fundado a principios de los años 2000 por Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, expolicía rural originario de Quechultenango. La organización creció a partir de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva, que había construido células locales en Guerrero para el cultivo de amapola y el tráfico de cocaína, de acuerdo con información de InSight Crime, un centro de pensamiento y medio de comunicación sin fines de lucro especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y el arresto de sus hermanos en 2009, las facciones locales ganaron autonomía. En ese vacío, “Los Ardillos” consolidaron su dominio territorial. Ortega Rosas fue asesinado en 2011 y sus hijos asumieron el mando: Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela”, quedó como jefe criminal; Jorge Iván Ortega Sánchez, alias “El Barco”, como segundo al mando y presunto responsable del control financiero; y Antonio Ortega Jiménez, alias “La Parota”, al frente de las operaciones.

Un cuarto hermano, Bernardo Ortega Jiménez, fue diputado del PRD en dos periodos —de 2005 a 2008 y de 2012 a 2015— y presidente municipal de Quechultenango de 2002 a 2005.

El grupo pasó de la amapola a la extorsión, la minería ilegal y el desplazamiento forzado

Según los reportes, conforme el mercado de la heroína se contrajo, “Los Ardillos” diversificaron sus ingresos hacia la minería ilegal, la extorsión al transporte y la venta de alimentos, y el cobro de piso a negocios y autoridades municipales. Guerrero es una zona minera con depósitos de oro y plata que el grupo buscó controlar.

La organización acumuló episodios de violencia contra comunidades indígenas. En 2020 fue señalada como presunta responsable del asesinato de diez integrantes de la comunidad náhua de Alcozacán. El hecho derivó en la difusión de un video de 19 niños de entre 6 y 15 años armados, entrenados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores para defenderse del grupo.

En mayo de 2026, ataques atribuidos a “Los Ardillos” provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas de comunidades indígenas en los municipios de Chilapa, Tula y Xicotlán. Los ataques incluyeron quema de viviendas y el uso de explosivos lanzados desde drones.

Defensor indígena que señaló vínculos del gobierno con “Los Ardillos” fue detenido y permanece en el Altiplano

Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue uno de los principales voceros que señaló públicamente la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno con “Los Ardillos” durante los ataques de mayo de 2026 en la Montaña Baja, que dejaron al menos ocho integrantes del CIPOG-EZ muertos y cerca de 2 mil 200 personas desplazadas.

El 17 de julio de 2026, Galindo fue detenido en el tramo carretero San Marcos–Acapulco por un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Un comunicado conjunto de la Fiscalía y la Defensa lo señaló como presunto responsable del homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021, y lo vinculó con los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Tlacos”.

El CIPOG-EZ, el Congreso Nacional Indígena y la Misión Civil de Observación Sexta calificaron el arresto como arbitrario y lo vincularon con las denuncias públicas de Galindo. Las organizaciones señalaron que se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, quien lo convocó vía mensajes de texto.

El 23 de julio, el juez Ubaldo de la Sancha dictó auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa. Galindo permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su defensa presentó un recurso de apelación el 28 de julio; la sala penal unitaria tiene entre tres y seis meses para resolver.

Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron que la carpeta de investigación contiene testimonios contradictorios y documentos con firmas presuntamente falsificadas, entre ellos uno atribuido a un testigo que habría muerto en mayo de 2022.