Lenia Batres acusó este 13 de agosto un ambiente de “animadversión insana” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de enviar un oficio contra el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.
De acuerdo con la ministra Batres, el Pleno de la SCJN aprobó pedir 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para 2027, un aumento de 17.2% frente a lo autorizado para 2026, además de incluir la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas.
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En un mensaje difundido en X, Batres dijo que desde su llegada a la SCJN en diciembre de 2023 asumió un “compromiso absoluto” con la austeridad republicana y explicó que hizo público el escrito dirigido al titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, ante el inminente envío del proyecto presupuestal a la Secretaría de Hacienda.
En ese documento, fechado en Ciudad de México el 12 de agosto, la ministra sostuvo que el Pleno aprobó en sesión privada del 6 de agosto solicitar recursos adicionales pese a que, según su postura, este año la SCJN operó “solventemente” con un presupuesto reducido.
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El anteproyecto incluye un alza de 17.2% y la reposición de un seguro para más de 300 funcionarios
Batres afirmó que el incremento solicitado para 2027 “restituye” el monto que el Congreso recortó para 2026 y advirtió que, si lo aprueba primero el Órgano de Administración Judicial y después la Cámara de Diputados, quedarían sin efecto los esfuerzos de austeridad que, dijo, exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria junto con la Ley Federal de Austeridad Republicana.
La ministra agregó que durante la sesión se incorporó sin estudio previo la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores. Ese beneficio, señaló, ya se había eliminado el año pasado.
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Según el escrito difundido por Batres, también siguen pendientes ajustes a las pensiones de ex ministras y ex ministros conforme a las remuneraciones actuales de quienes integran el pleno, así como la supresión de plazas asignadas a ese esquema.

De acuerdo con la Dirección de Gestión Administrativa de la Corte, citada por Batres, el excedente en pensiones rebasa 54 millones de pesos y las plazas representan otros 39 millones si se deja una sola.
Batres planteó además la eliminación de áreas como Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros. Precisó que su propuesta no afectaría a los trabajadores adscritos a esas oficinas, sino únicamente el gasto en servicios que prestan.
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Batres votó contra el presupuesto y pidió quitar seguros a las 95 personas de su ponencia

En el oficio, la ministra informó que votó en contra del presupuesto “en su conjunto” por el aumento planteado y también rechazó la restitución de los seguros de gastos médicos mayores. Después de la votación, pidió que se eliminara para el personal de su ponencia el monto destinado al seguro de separación individualizada y al seguro médico privado.
Esa solicitud alcanza a 95 personas, además de la propia ministra. Batres aseguró que ni ella ni ese personal han recibido esos seguros desde su ingreso a la SCJN.
Para sustentar su posición, citó el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, invocado por quienes votaron a favor con el argumento de que debían respetarse los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas.
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Frente a esa interpretación, Batres respondió que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe en su artículo 22 contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones en contravención de decretos u otras disposiciones generales.
En el mismo texto sostuvo que el Poder Judicial ya cubre las cuotas del ISSSTE para mandos medios y superiores, por lo que no se justifica pagar con dinero público seguros privados. Añadió que las remuneraciones de ministras y ministros permiten que quien quiera ese servicio lo cubra con su sueldo.
El debate en el pleno escaló cuando la ministra vinculó el debate jurídico con su oficio presupuestal

La tensión también quedó reflejada en la sesión pública de este 13 de agosto. Ahí, Batres se quejó del tono de la discusión sobre un proyecto suyo y dijo: “Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones. Y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de administración judicial respecto del presupuesto de esta corte”.
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Antes, la ministra había dicho que lamentaba “este ánimo” en una discusión “meramente jurídica” y sugirió que algunas posturas podrían estar influidas por diferencias ajenas al criterio jurídico. También pidió que fueran “serios” y sostuvo que no veía argumentos suficientes contra su propuesta.
Hugo Aguilar Ortiz rechazó esa lectura. Respondió que los integrantes del pleno habían expuesto argumentos jurídicos y que nadie había hecho descalificaciones por razones personales ni por algún interés específico. El ministro presidente incluso dijo que en lo personal se enteraba del oficio en ese momento.
Al final de su escrito, la ministra afirmó que en los últimos dos años ha insistido en que se cumpla la Constitución y las leyes en materia de remuneraciones, incluidas prestaciones, de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, y anticipó que mantendrá esa postura.
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