Dan prisión preventiva a funcionarios ambientales del Edomex por presunta extorsión a verificentros y gasolineras

Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, dos directivos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, enfrentan prisión preventiva justificada tras ser detenidos el 10 de agosto por su presunta participación en una red de extorsión que durante meses obligó a propietarios de verificentros y gasolineras a pagar cuotas ilegales en efectivo como condición para seguir operando. La Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco emitió la medida cautelar al cierre de la audiencia, que inició el 12 de agosto y se extendió por más de 16 horas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) coordinó el operativo de detención junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México. Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, fue arrestado a las 7:30 horas en la colonia Club Deportivo de Acapulco. Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, fue capturado de forma simultánea en la capital del país.

La audiencia y la prisión preventiva

El 12 de agosto inició la audiencia de formulación de imputación, con tres agentes del Ministerio Público de la FGJEM frente a siete defensores particulares. Estos últimos argumentaron ilegalidad en las detenciones e inexistencia del tipo penal, y solicitaron la libertad inmediata de sus representados.

La juzgadora desestimó los argumentos defensivos y decretó la prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de víctimas y testigos, evitar la obstaculización del procedimiento y eliminar el riesgo de fuga. Uno de los imputados enfrenta el cargo de extorsión agravada; el otro, el de abuso de autoridad.

A petición de los defensores, la jueza fijó el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas para la continuación de la audiencia, en la que se resolverá la vinculación a proceso.

Cómo operaba la red de extorsión

El esquema delictivo tenía una mecánica precisa. Los funcionarios programaban inspecciones deliberadamente los viernes, con la amenaza de mantener cerrados los establecimientos durante todo el fin de semana si los propietarios no accedían a sus exigencias.

Los pagos debían entregarse en efectivo en un domicilio que las autoridades tienen identificado. En el caso de gasolineros y gaseros, las cuotas oscilaban entre $500 mil y $800 mil pesos por visita. Para los verificentros, la Asociación Ecológica de Verificación y la Asociación de Verificentros del Estado de México documentaron en un oficio presentado en junio pasado cobros mensuales de entre $100 mil y $250 mil pesos por establecimiento, según el número de líneas o carriles.

El esquema afectó a 145 de los 168 verificentros que operan en la entidad. Además, se exigieron $500 mil pesos por carril bajo amenaza de no revalidar los permisos necesarios para operar en 2027, pago que debía concretarse antes de diciembre próximo.

En los casos más graves, los funcionarios abusaron de sus atribuciones para simular actos administrativos con los que despojaron a propietarios legítimos de sus concesiones y de la infraestructura que ellos mismos habían adquirido. Las víctimas eran advertidas de que, si denunciaban, sufrirían afectaciones o daños.

Una red que movía decenas de millones al mes

La FGJEM precisó que el entramado generaba recursos ilícitos por “varias decenas de millones de pesos mensuales” únicamente por concepto de cuotas para no cerrar líneas de verificación. Esa cifra aumenta de forma sustancial al sumar las exigencias por revalidación de autorizaciones.

La Fiscalía advirtió que el monto total podría incrementarse conforme se incorporen nuevas víctimas al expediente. La institución reconoció que tiene conocimiento de afectados que aún no han formalizado su denuncia por temor a represalias y anunció que los contactará directamente para que lo hagan.

El perfil de Raúl “N” y el caso que llegó a la mañanera

Raúl “N” fue designado el 17 de octubre de 2023, a poco más de un mes del inicio del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alhely Rubio Arronis.

El funcionario tiene una larga trayectoria dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue diputado federal durante la LIX Legislatura y, años antes, se desempeñó como secretario particular de Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”. Los empresarios del sector sostuvieron ante las autoridades que las presiones existían desde el gobierno de Alfredo Del Mazo, pero que se habían intensificado en los meses recientes.

El nombre del funcionario adquirió proyección nacional en julio de 2026, cuando los señalamientos fueron expuestos durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria pidió a los afectados formalizar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y condenó cualquier práctica de corrupción ejercida desde instituciones públicas.

Segundo escándalo en la administración del Edomex

La detención representa el segundo caso de corrupción que sacude a la administración estatal. El primero fue la captura de 33 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor, señalados por operar una red de venta de plazas docentes activa desde 2021.

La FGJEM informó que las investigaciones continúan con el objetivo de obtener nuevas órdenes de aprehensión contra todos los involucrados, entre quienes se identifican servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares.