CDMX toma medidas contra el despojo de viviendas: fiscalía especializada, 20 jueces dedicados y alerta registral

El gobierno de la Ciudad de México presentó este miércoles 5 de agosto un paquete de medidas para fortalecer el combate al despojo de viviendas, que incluyó la creación de agencias especializadas dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), una unidad de 20 jueces dedicados en el Poder Judicial y una alerta registral institucional en el Registro Público de la Propiedad.

La jefa de gobierno Clara Brugada encabezó el anuncio junto a la fiscal general Bertha Alcalde Luján, el magistrado presidente del Poder Judicial Rafael Guerra Álvarez y los titulares de Seguridad y Gobierno capitalinos.

Según los datos compartidos, el Gabinete contra los Despojos, en operación desde hace 13 meses, atendió mil 32 casos en ese periodo. De ellos, 644 resultaron ser conflictos civiles o de otra índole, y 388 constituyeron posibles despojos.

De estos últimos se ejecutaron 317 acciones, entre restituciones de inmuebles, aseguramientos y otras medidas, para una tasa de efectividad del 82%.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 46 personas por el presunto delito de despojo en lo que va del año 2026.

La estrategia capitalina se asemeja a la Operación Restitución que el Estado de México lleva meses operando para atender a víctimas de despojo, delito cometido en esa entidad principalmente por organizaciones criminales que operan bajo la fachada de sindicatos.

Fiscalía fijó plazos de 15 y 30 días para restituir inmuebles y judicializar casos

La fiscal Alcalde Luján anunció en la conferencia tres nuevas unidades dentro de la Fiscalía Especializada contra Delitos del Despojo.

La primera, una Agencia de Judicialización Rápida, atenderá los casos con evidencia suficiente desde la denuncia inicial: videos de la invasión, escrituras y recibos de servicios que acrediten la posesión.

La segunda, una Agencia de Investigación Estratégica, se enfocará en casos seriales, redes criminales y fraudes procesales con posible participación de notarios o servidores públicos.

La tercera, una Unidad de Análisis Criminal, sistematizará la información de todas las carpetas para detectar patrones y construir redes de implicados.

Para los casos de invasión con documentación en regla, Alcalde Luján fijó un plazo de 15 días para el aseguramiento y restitución del inmueble, y de 30 días para la judicialización, es decir, para iniciar un proceso penal contra el probable responsable. Los litigios sucesorios o civiles quedaron fuera de esa ruta acelerada.

La fiscal también anunció un programa emergente de revisión de todas las carpetas de investigación previas, con los mismos plazos para los expedientes que reúnan los requisitos.

Para ampliar la cobertura territorial, la Fiscalía instalará personal especializado en las sedes de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, alcaldías cuya distancia dificulta que las víctimas acudan a la sede principal en la colonia Doctores.

El Poder Judicial creó unidad con 20 jueces y base de datos interinstitucional de inmuebles

El magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez presentó cinco acciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. La primera fue la creación de una unidad especializada con 20 jueces dedicados exclusivamente a casos de despojo, con el compromiso de respetar los plazos del Código Nacional.

La segunda acción fue una base de datos institucional de procedimientos judiciales sobre inmuebles, alimentada por el Registro Público de la Propiedad, la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de la Vivienda, el Colegio de Notarios y el Registro Civil. El objetivo fue que los juzgadores cuenten con mayor información antes de resolver cada caso.

La tercera acción fue un área receptora de órdenes de desalojo que obligue al juzgador a solicitar siempre medidas de seguridad, como el uso de la fuerza pública, en lugar de hacerlo de forma optativa.

Las dos acciones restantes contemplaron un área de alerta preventiva de procedimientos judiciales simulados, incluyendo exhortos de jueces foráneos, y mayor vigilancia sobre los convenios registrados ante el Centro de Justicia Alternativa para prevenir mediaciones fraudulentas.

Registro Público activó alerta registral y propuso no inscribir escrituras foráneas sin verificación

El director del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Héctor Muñoz Ibarra, presentó dos mecanismos de prevención. El primero fue la alerta registral institucional, que se activa de forma automática cada vez que se realiza cualquier trámite sobre un inmueble registrado en el Gabinete contra los Despojos y genera una notificación interinstitucional inmediata.

El segundo fue la creación de una Unidad de Inteligencia Registral que investigará historiales de propiedad desde 1871, verificará la autenticidad de sentencias y escrituras, y alimentará de información al gabinete.

Muñoz Ibarra anunció además una propuesta de reforma a la ley registral: si una notaría de otro estado no confirma la autenticidad de una escritura presentada ante el Registro Público, el documento no se inscribirá.

Actualmente el Registro puede detener esos trámites mientras espera respuesta, pero sin la reforma carece de facultad para rechazarlos de forma definitiva.

Brugada anunció también la creación de un equipo especial de control interno adscrito a la Contraloría para investigar y sancionar a servidores públicos que faciliten o encubran despojos, con una política de “cero tolerancia” a la corrupción inmobiliaria.