El dueño de la marca Escobar Inc. es condenado a 4 años de cárcel, convirtió el negocio en un esquema de fraude

Un ciudadano sueco fue sentenciado a cuatro años de prisión federal en Los Ángeles por vender productos de la marca Pablo Escobar que nunca existieron, en una estafa que le reportó más de un millón de dólares a través de plataformas como PayPal, Stripe y Coinbase.

Olof Kyros Gustafsson, de 32 años, alias “El Silencio”, recibió la condena el pasado viernes 31 de julio ante el juez federal Fernando L. Aenlle-Rocha, del Distrito Central de California. La sentencia incluye, además, una multa de 25 mil dólares y una orden de restitución de USD 1.300.193 a las víctimas del esquema. Gustafsson también accedió a entregar los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas, entre ellos el dinero depositado en una cuenta bancaria en Suecia.

Escobar Inc. y cómo funcionaba el negocio

Gustafsson se desempeñaba como director ejecutivo de Escobar Inc., una corporación registrada en Puerto Rico que poseía los derechos sucesorios sobre la imagen y el legado de Pablo Escobar, el fallecido líder del Cártel de Medellín. Bajo ese paraguas legal, la empresa comercializaba productos de consumo al público usando la figura del narcotraficante colombiano como gancho de ventas.

El esquema operó entre julio de 2019 y noviembre de 2023. Durante ese período, Gustafsson identificaba artículos ya existentes en el mercado, fabricados y vendidos por otras compañías y lanzaba versiones de la marca Escobar a precios notablemente más bajos que los de la competencia. El catálogo incluía un lanzallamas Escobar, un teléfono plegable Escobar, un modelo Escobar Gold 11 Pro y un producto llamado Escobar Cash, comercializado como una “criptomoneda física”.

Ninguno de esos artículos existía. Los clientes pagaban y no recibían nada.

Teléfonos Samsung disfrazados y certificados de papel

Para sostener la ilusión de legitimidad, Gustafsson desplegó una estrategia de marketing dirigida a críticos tecnológicos e influencers de redes sociales. Les enviaba teléfonos Samsung Galaxy Fold envueltos en papel de oro y presentados como dispositivos de Escobar Inc., con el fin de generar reseñas en línea que impulsaran la demanda del público.

Quienes veían esas reseñas y compraban los productos nunca los recibían. En su lugar, Gustafsson les enviaba por correo un “Certificado de Propiedad”, un libro u otro material promocional de la empresa.

Ese mismo material se convertía luego en el arma para bloquear los reembolsos. Cuando un cliente reclamaba ante el procesador de pagos, Gustafsson presentaba el comprobante de envío del certificado como prueba de que el producto había sido despachado y recibido. Los pagos se habían canalizado a través de PayPal, Stripe y Coinbase, entre otras plataformas.

Una red de cuentas para lavar el dinero

Las ganancias del fraude no permanecieron en un solo lugar. Gustafsson abrió cuentas bancarias a su nombre y a nombre de entidades que controlaba en Estados Unidos, Suecia y los Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de ocultar la naturaleza, el origen y el control del dinero obtenido de forma ilícita.

Esas cuentas funcionaban como intermediarias: el dinero entraba, se movía entre jurisdicciones y perdía su rastro. La estructura fue suficiente para sumar a los cargos de fraude una serie de imputaciones por lavado de dinero, incluyendo un cargo de lavado de dinero internacional.

Seis cargos y una extradición desde España

Gustafsson se declaró culpable en julio de 2025 de seis cargos: conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de lavado de dinero y ocultación internacional de lavado de dinero.

Su camino hacia la condena comenzó con un arresto en España en diciembre de 2023. Permaneció detenido allí hasta marzo de 2025, cuando fue extraditado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia federal.

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS, el FBI y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Eurojust, y autoridades judiciales de España y Francia. Los fiscales federales adjuntos Joshua O. Mausner y James E. Dochterman llevaron adelante la acusación.