Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, es señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pieza clave en la estructura financiera del grupo criminal. Además de su presunto papel dentro de la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las autoridades estadounidenses lo vinculan con el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.
El nombre de “El Cachas” volvió a cobrar relevancia luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera, junto con seis integrantes de su familia, en la lista de personas sancionadas por presuntamente integrar una red dedicada al lavado de dinero para la organización criminal.
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Las investigaciones señalan que el grupo familiar controla al menos cuatro empresas que, según las autoridades estadounidenses, habrían servido para ocultar recursos y facilitar operaciones financieras del CJNG.
De huachicolero a integrante de la élite del CJNG
De acuerdo con registros oficiales citados por autoridades estadounidenses, Gerardo Botello comenzó su trayectoria criminal a principios de la década de los 2000, cuando participó en actividades relacionadas con el robo de combustible.
Posteriormente ascendió dentro de la estructura del CJNG hasta convertirse en líder regional en Michoacán y Guanajuato. Su cercanía con el círculo más cercano de “El Mencho” se consolidó al integrarse a la organización a través de Los Valencia, además de desempeñarse como guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa” y esposa del líder del CJNG.
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Botello permaneció como jefe de seguridad de Rosalinda González hasta mayo de 2018, cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco.
Tras su captura, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, lo calificó como un objetivo de alta peligrosidad y le atribuyó diversos delitos, entre ellos homicidio de policías y rivales del CJNG, secuestro, extorsión y delitos contra la salud, por lo que fue vinculado a proceso.
Operó desde prisión y fue relacionado con el Rancho Izaguirre
Aunque el gobierno mexicano anunció en 2018 que sería extraditado a Estados Unidos, dicha entrega nunca se concretó.
Según el Departamento del Tesoro, “El Cachas” continuó coordinando operaciones del CJNG desde el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde presuntamente mantuvo el control de actividades criminales y financieras de la organización.
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Si bien en 2020 fue sentenciado a siete años de prisión, autoridades estatales señalaron en 2025 que ya no tenía procesos pendientes y se encontraba en libertad.
Su nombre volvió a aparecer públicamente luego de que fuera mencionado en una narcomanta colocada en Zapopan, en la que se le relacionó con el Rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG.
En ese mensaje también se le acusó de llevar la contabilidad de personas privadas ilegalmente de la libertad por la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses retomaron esos señalamientos y añadieron que Botello presuntamente reclutaba integrantes para el CJNG mediante mecanismos de coerción y violencia.
La red empresarial de la familia Botello
El Departamento del Tesoro identificó cuatro empresas que presuntamente forman parte de la estructura financiera encabezada por Gerardo Botello y sus familiares.
Entre ellas destaca Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., dedicada a la fabricación y comercialización de calzado infantil en Guanajuato.
También aparecen Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V., enfocada en cultivos para bebidas en Nayarit; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V., empresa con operaciones en Michoacán y Jalisco autorizada para prestar servicios de seguridad privada armada; y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V., dedicada a la producción de agave y tequila en Jalisco.
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De acuerdo con las investigaciones, la esposa, hijos, sobrinos y un primo de “El Cachas” ocupaban cargos directivos o administrativos dentro de estas compañías, además de participar presuntamente en actividades relacionadas con la estructura financiera del CJNG.
Entre ellos figuran Liliana Cisneros Tapia, Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz, Ricardo Botello Ortiz, Miguel Ángel Ayala Botello y Gustavo Botello Rodríguez, este último detenido por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Con estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos busca debilitar la capacidad económica del CJNG mediante el congelamiento de activos y el bloqueo de operaciones comerciales de personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal.
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