Tras denuncias de activistas por el daño ambiental que ocasionan los lanzamientos de satélites de SpaceX, la base espacial del empresario Elon Musk ubicada en la frontera de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó emprender acciones legales contra la empresa al considerar que hasta ahora hay coordinación y agregó que no se han reportado daños.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que el gobierno de México tiene acuerdos con Estados Unidos para que se informe sobre los lanzamientos de SpaceX, ubicada cerca de la playa Bagdad en Tamaulipas, y que tiene el objetivo principal de buscar vida en Marte para, eventualmente, lanzar viajes tripulados de personas que quieran dejar la Tierra por otro planeta.
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Esta base espacial, desde su instalación en 2014, ha provocado que ambientalistas y personas de las comunidades cercanas se manifiesten contra los daños ambientales que ocasiona: basura espacial, basura en sus tierras, los fuertes estruendos a causa del despegue de los satélites, daños en ríos y mares que han provocado que disminuya la cantidad de peces y, por tanto, afectaciones en las actividades económicas locales de los habitantes, entre muchos otros daños. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el diálogo con la empresa estadounidense para supervisar posibles afectaciones “hasta ahora, más o menos ha funcionado“.
Sheinbaum asegura vigilancia binacional y protocolos ambientales ante base espacial
Frente a las recientes movilizaciones de activistas que solicitaron la intervención del gobierno federal ante el lanzamiento número 13 de SpaceX en la región del Golfo de México, el gobierno mexicano respondió que actualmente existe un protocolo de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y Estados Unidos para evitar daños a las comunidades.
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El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Merino, explicó que ha habido mucha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Federal de Aviación Civil, que está en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Marina (Semar).
Explicó que este protocolo permite notificar oportunamente a embarcaciones sobre los lanzamientos, así como “para la identificación, si los hubiese, de algunas piezas, le llaman booster en inglés, que es el propulsor del cohete".
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Sin embargo, aseguró que en el último lanzamiento del 24 de julio “no hubo ningún residuo en territorio en aguas mexicanas”, a pesar de que activistas de la organización Conibio Global A.C. realizaron su sexta manifestación para exigir medidas de protección al considerar que sí hay daño ambiental en México.
José Merino garantizó que las autoridades ambientales han realizado inspecciones en la zona para identificar posibles daños: “Nuestra idea es seguir manteniendo la misma coordinación, el mismo mecanismo de notificación y, en su caso, la evaluación de riesgos ambientales, que es algo que ha hecho Profepa desde que empezaron los lanzamientos”.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que “si llegara a requerir una demanda [contra SpaceX], pues ya lo evaluaríamos, pero por lo pronto se ha optado por la coordinación”. No obstante, la mandataria subrayó que se han puesto reglas claras para evitar afectaciones en las zonas: “No pueden los residuos de estos lanzamientos estar cayendo en el territorio nacional. Hasta ahora más o menos ha funcionado”, aseveró.
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