Sheinbaum anuncia decreto para fortalecer la transparencia en el gobierno de México

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un nuevo decreto presidencial orientado a robustecer la política de transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción dentro de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo de esta nueva disposición es impedir que las dependencias gubernamentales clasifiquen expedientes o documentos oficiales como “reservados” bajo criterios opacos o discrecionales. La mandataria señaló que la norma establecerá que ningún documento podrá ocultarse al escrutinio ciudadano, limitando opacidad a solo dos excepcionales estrictas:

• Información directamente vinculada a procesos judiciales en curso.
• Asuntos que comprometan genuinamente la seguridad nacional.

“Queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no pueden resguardar información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente”, afirmó la presidenta, sentenciando que: “Todo el gobierno debe ser transparente”.

Los detalles técnicos y alcances operativos de la medida serán presentados formalmente el próximo jueves desde Palacio Nacional, de acuerdo con la presidenta. Para ello, acudirán a la conferencia matutina la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, quienes explicarán a detalle el marco legal de la iniciativa.

¿Por qué Sheinbaum quiere este nuevo decreto?

De acuerdo con reportes de El Independiente, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (AFS), Aureliano Hernández Palacios Cardel, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), habrían impulsado la creación de un consejo de expertos para revisar y, eventualmente, aprobar la continuidad de expedientes judiciales y administrativos abiertos por presuntos actos de corrupción, un esquema que también buscaría extenderse a otras dependencias y que concentraría decisiones sobre qué casos avanzan y cuáles se archivan.

El alcance de esa propuesta se mide también por sus efectos prácticos: de acuerdo con la publicación, hay expedientes observados por la Auditoría Superior de la Federación que llevan hasta 10 años sin resolución, un rezago que afecta tanto a las instituciones como a las personas involucradas y que, según el texto fuente, ha obligado a gastar grandes sumas en litigios prolongados.

Según El Independiente, ambos funcionarios convocaron hace unas semanas a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a una reunión privada para presentar esa iniciativa bajo el argumento de combatir la corrupción con mayor eficacia.

La propuesta planteada en ese encuentro habría consistido en que los expedientes considerados relevantes pasen primero por ese consejo, cuyos integrantes serían nombrados por los propios titulares de la ASF y del TFJA. El medio sostiene que esa instancia funcionaría como un filtro previo para evaluar y, en su caso, autorizar qué investigaciones siguen su curso.