
Tres mexicanos se declararon culpables el pasado lunes 20 de julio ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una organización internacional de tráfico de personas que cruzaba migrantes por la frontera norte de aquel país. La red trasladaba a cientos de personas de México, Centroamérica y Sudamérica con fines de lucro hasta Nueva York.
Se trata de Ignacio Díaz Pérez, de 37 años, Samuel Díaz Pérez, de 27, y Salvador Díaz Díaz, de 34; quienes se encontraban de forma ilegal en EEUU al momento ser capturados.
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Según un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de la audiencia, los tres polleros no solo participaban directamente en las operaciones de contrabando, sino que coordinaban con otros líderes de la organización.
En mayo de 2025 fueron presentados los primeros cargos contra la red
Cuando el Departamento de Justicia presentó los cargos en mayo de 2025, Infobae México reportó que los cuatro acusados residían en diferentes puntos del país:
- Ignacio Díaz Pérez en Oakwood, Georgia
- Samuel Díaz Pérez en Dublin, Ohio
- Salvador Díaz Díaz en Columbus, Ohio
Dos de ellos, Ignacio y Salvador, ya habían sido deportados previamente de Estados Unidos.
En ese momento se reveló también que la red operó durante dos años y cobraba miles de dólares por cada persona. Los migrantes o sus familiares pagaban las sumas acordadas a cambio del traslado desde México hasta Canadá y el cruce posterior hacia los condados de Franklin y Clinton, en el norte del estado de Nueva York. La organización además promovía sus servicios mediante videos testimoniales grabados por los propios migrantes que ya estaban en territorio estadounidense.
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Enfrentan hasta 15 años de prisión por los delitos
Los tres acusados recibirán sentencia el próximo 23 de noviembre. Ignacio y Samuel Díaz Pérez se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer tráfico ilícito de personas y seis cargos de tráfico con fines de lucro. Por su parte, Salvador Díaz se declaró culpable de un cargo de conspiración y cinco cargos de tráfico con fines de lucro.
Según las autoridades, enfrentan una pena mínima de 5 años y una máxima de 15 años de prisión. Un cuarto integrante que también residía de forma ilegal en el país, identificado por autoridades como Edgar Sánchez Solís, se declaró culpable el pasado 7 de mayo por cargos similares y recibirá sentencia el próximo 10 de septiembre.
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En declaraciones publicadas por el Departamento de Justicia, el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos John A. Sarcone III, del Distrito Norte de Nueva York, señaló que los acusados intentaron aprovecharse de las leyes del país para introducir ilegalmente a extranjeros por la frontera norte. Atribuyó los resultados del caso a la labor conjunta de la Patrulla Fronteriza y socios de instituciones federales. “Ya no podrán lucrarse explotando a personas vulnerables ni socavando la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró.
Por otra parte, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal, advirtió en el mismo comunicado que el tráfico de personas amenaza la seguridad nacional de múltiples formas.
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Persecución a alta velocidad expuso los métodos de la organización
Según las indagatorias oficiales, en mayo de 2023 una camioneta que transportaba migrantes indocumentados protagonizó una persecución con agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Swantonm, en Nueva York. El conductor ignoró las órdenes de alto y aceleró, poniendo en riesgo tanto a los migrantes que llevaba adentro como a la población civil en la zona. La situación obligó a los agentes a suspender la persecución para evitar un accidente mayor.
Fue el departamento del sheriff local el que logró detener el vehículo con un dispositivo para desinflar neumáticos. Según el Departamento de Justicia, el incidente dejó en evidencia el patrón de operación de la red: los traficantes priorizaban la huida sobre la seguridad de las personas que transportaban.
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Para las fuerzas federales de EEUU, este tipo de persecuciones representa un riesgo directo tanto para los ocupantes del vehículo como para quienes circulan por las mismas vías.
Matthew Millhollin, subdirector ejecutivo asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sostuvo en el mismo comunicado que ha presenciado de primera mano los peligros y tragedias que resultan de estas operaciones. “Los traficantes ponen vidas en riesgo de forma habitual, exponiendo a personas vulnerables a condiciones peligrosas, explotación e incluso la muerte”, declaró.
El caso evidencia que las redes de polleros, conocidos también coloquialmente también como coyotes, han extendido sus operaciones más allá de la frontera de México con Estados Unidos. La organización desmantelada operaba desde Canadá, lo que muestra que estas redes buscan nuevas rutas de entrada al país para evadir los controles migratorios.
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