Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tramitó un amparo contra la orden se aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con información de La Jornada, el recurso fue admitido por un juez de distrito, quien no dio a conocer si le concedió la suspensión provisional.

Cabe señalar que el pasado 16 de julio fue detenido por elementos de la FGR en Ensenada por un caso de huachicol fiscal que fue denominado como “la mayor red” de contrabando debido a que solo declaraba el 10 por ciento del combustible que transportaba.

Ante los hechos, el exgobernador reclamó la orden de expresa o implícita de trasladarlo fuera del municipio de Ensenada, Baja California, la retención o detención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida, su incomunicación desde el arresto, así como la omisión de informar a su familia y defensa su ubicación exacta y la negativa de mantener comunicación con ellos.

Entre los 17 puntos que reclamó también se encuentran la negativa de recibir y administrarle medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la omisión de practicar una valoración médica integral, la falta de certificación sobre si está medicamente apto para ser trasladado, cualquier acto de impida su localización, así como la irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.

Se encuentra en prisión preventiva en el Altiplano

Luego de ser detenido en Ensenada, Ruffo Appel fue traslado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El pasado domingo se realizó la continuación de su primera audiencia, en la que un juez le dictó prisión preventiva luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será este martes cuando se determine si es vinculado a proceso o no.

El mismo día de su detención, Ruffo Appel tramitó un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, contra actos de incomunicación y tortura. El juez le concedió una suspensión de plano para evitar dichas acciones en su contra.

Así operaba la red de huachicol fiscal que presuntamente lideraba el exgobernador

De acuerdo con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la red que encabezaba Ernesto Ruffo Appel introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el 10% del volumen real transportado, con un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.

Godoy calificó el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. Junto a Ruffo Appel fue detenido Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, también en Ensenada.

El mecanismo arrancaba en refinerías de Texas, donde la organización adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa —todas en Tamaulipas—, las empresas vinculadas presentaban pedimentos con volúmenes muy por debajo de la realidad: cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110 mil litros, pero la red reportaba alrededor de 10 mil. El resto ingresaba al país sin registro fiscal ni aduanero.

Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso sin revisión. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), documentó 4 mil 238 operaciones de importación en ese periodo de seis meses. En el caso del diésel, los volúmenes reales introducidos superaron en más de diez veces lo autorizado; para la gasolina regular, la diferencia fue de más de tres veces y media.

Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el producto era transferido a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas.

Esas empresas distribuían el combustible principalmente hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí durante la primera acción operativa, que generó una afectación de 32 millones 808 mil pesos para la organización.

El punto de partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, en un operativo donde participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. En total, aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, transportados mediante 162 carros tanque de ferrocarril.

El entramado financiero: cuentas puente y triangulación internacional

La operación logística tenía su espejo en una arquitectura financiera diseñada para ocultar el origen de los recursos. Una empresa central recibía los ingresos y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, en un esquema que la FGR calificó con “indicios de triangulación de recursos”.

El análisis detectó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, y operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. Las cuentas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, con saldos mínimos, el sello de las denominadas cuentas puente.

La estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel, que con el tiempo amplió sus operaciones hacia la importación de derivados del petróleo. La reconstrucción del entramado requirió el cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa en distintas jurisdicciones.

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