Reúnen firmas para exigir libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, líder indígena detenido por la Defensa

La tarde del 17 de julio se reportó la detención de Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), lo que movilizó a organizaciones civiles y comunidades indígenas en la entidad y en el resto del país.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” y diversas comunidades del CIPOG-EZ convocaron a la sociedad en general a firmar una petición para exigir la liberación inmediata del líder indígena, quien tiene un historial de criminalización por parte de las autoridades.

A través de un comunicado, la organización publicó el enlace en el que puede firmarse y sumarse a la exigencia por la defensa de Jesús Placido. La iniciativa busca sumar respaldos de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que demandan a las autoridades federales y estatales una respuesta clara sobre la situación legal del defensor y el respeto a sus derechos fundamentales.

La recolección de firmas se realiza a través de una plataforma digital (https://redtdt.org.mx/archivos/23923), donde se invita a personas y agrupaciones a adherirse a la exigencia. El objetivo principal de la campaña consiste en fortalecer la presión social y política para que se garantice la integridad de Plácido Galindo y se respete el debido proceso legal. Sumarse podría ser fundamental para visibilizar el caso y exigir a las autoridades la pronta liberación del coordinador regional del CIPOG-EZ.

Denuncian detención irregular de Jesús Plácido

La detención del defensor ocurrió el 17 de julio en un operativo dirigido por personal militar, ministerial y estatal, cuando se dirigía a una reunión con autoridades estatales para tratar asuntos de infraestructura y demandas comunitarias. La falta de información sobre su paradero y la ausencia de detalles oficiales sobre la autoridad responsable de su custodia agudizan la preocupación por su integridad física y jurídica.

Un contingente de aproximadamente cuarenta elementos militares participó en el arresto de Plácido Galindo en el municipio de San Marcos, región Costa Chica. El operativo incluyó el registro del vehículo en el que viajaba el líder indígena, quien fue trasladado sin notificación inmediata a sus familiares ni a su equipo de defensa. Las organizaciones civiles y comunitarias denuncian que el arresto se realizó sin la presentación de cargos oficiales durante las primeras horas posteriores a su detención, lo que incrementó la incertidumbre sobre su situación legal.

Contexto de violencia y criminalización

El arresto de Plácido Galindo ocurre pocos meses después de una serie de ataques en la Montaña Baja de Guerrero, atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”, que provocaron el desplazamiento de más de 2 mil personas y la muerte de ocho integrantes del CIPOG-EZ. Durante ese periodo, el propio Galindo denunció públicamente la presunta complicidad de autoridades en los hechos violentos, lo que fue señalado por las comunidades como un factor de riesgo para su seguridad y la de otros defensores.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Defensa, publicado horas después de ocurridos los hechos, la detención se relaciona con la investigación de un homicidio ocurrido en 2021, además de presuntos vínculos de Galindo con los grupos delictivos “Los Rojos” y “Los Tlacos”. Las organizaciones que acompañan la exigencia de su libertad consideran que estas acusaciones forman parte de un patrón de criminalización dirigido contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en la región.

Solicitaron a las autoridades federales y estatales que se garantice la integridad física y psicológica de Jesús Plácido, así como el respeto a sus derechos humanos, el acceso a su defensa jurídica y la posibilidad de comunicación con sus familiares.

En la lista de instancias a las que la organización RED TDT turnó la exigencia figuran la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la gobernadora de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Relatora Especial de la ONU.