
Jesús Plácido Galindo, promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue detenido este viernes 17 de julio a las 14:45 horas por autoridades mexicanas.
Según datos revelados en comunicados por asociaciones civiles, el arresto ocurrió en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero. Una consulta realizada por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones (RND) confirmó la aprehensión, pero en el documento oficial no se detalla el sitio ni la autoridad que efectuó las acciones.
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Tras los hechos, el CIPOG-EZ, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Misión Civil de Observación Sexta calificaron el arresto como arbitrario y lo vincularon con las denuncias públicas que Galindo realizó tras los ataques del grupo criminal “Los Ardillos” en mayo de 2026.
Presuntamente es acusado por los delitos de homicidio, delincuencia organizada y secuestro.
Según datos presentes en mensajes de apoyo y solicitudes de liberación, los ataques a las comunidades provocaron el desplazamiento forzado de 2 mil 200 personas y el asesinato de ocho integrantes del CIPOG-EZ en comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
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El CIPOG-EZ acusa que una reunión con gobierno fue usada como trampa para el arresto
Según los comunicados del CIPOG-EZ y de la Misión Civil de Observación Sexta, antes de ser detenido Galindo se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, quien lo había convocado vía mensajes de texto.
El defensor gestionaba recursos para el reencarpetamiento de una carretera en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Ambas organizaciones acusaron que la cita fue una trampa para detenerlo y responsabilizaron directamente a Rodríguez Cisneros por el arresto. La organización había señalado previamente al funcionario de tener vínculos con “Los Ardillos” y de negar la gravedad de la violencia en la región.
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En el operativo presuntamente participaron aproximadamente 40 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía ministerial, según los mismos comunicados.
Las autoridades le habrían comunicado verbalmente cargos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, y lo trasladaron en una camioneta de la Fiscalía General de la República con dirección a Acapulco.
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El RND registró la detención sin datos de paradero
El Registro Nacional de Detenciones registró a Galindo este mismo 17 de julio a las 18:33 horas con estatus de “en traslado”, sin especificar autoridad que lo detuvo ni lugar de destino.
Este describe al detenido como una persona del sexo masculino, piel morena, complexión media, pelo corto con entradas pronunciadas, barba y bigote. Vestía camisa manga corta con diseño de cuadros en azul marino, azul claro y blanco, pantalón de vestir negro y zapatos de piel color café.
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El CIPOG-EZ y la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que el botón de asistencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había dejado de registrar actividad desde el momento en que Galindo fue privado de su libertad.
Galindo era beneficiario de ese mecanismo por las amenazas y atentados que había sufrido en el ejercicio de su labor como defensor.
La UIF bloqueó sus cuentas semanas antes
Previamente se había denunciado que el 26 de junio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Galindo e incluyó su nombre en la Lista de Personas Bloqueadas. Al momento del bloqueo, su cuenta de BBVA presuntamente registraba un saldo de 280 pesos; su cuenta de Banco Azteca no tenía recursos. Galindo interpuso un amparo.
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Las comunidades y autoridades comunitarias del Ejido de Buenavista documentaron ese bloqueo en un comunicado del 6 de julio de 2026: “Una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero Jesús Plácido Galindo con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra”, dijeron.
El CIPOG-EZ señaló que el bloqueo ocurrió semanas después de que Galindo denunció públicamente, en medios nacionales e internacionales, la complicidad de los tres niveles de gobierno con Los Ardillos durante y después de los ataques de mayo. La organización consideró que esas denuncias fueron el detonante de la persecución en su contra.
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El Ejido de Buenavista advirtió: “Si tocan al compañero Jesús, nos tocan a todas y todos”
Las comunidades del Ejido de Buenavista describieron a Galindo como un defensor que acompañó durante años sus asambleas y luchas por servicios de salud, educación, agua potable y caminos, y que contribuyó a resolver un conflicto agrario que las comunidades buscaban solucionar desde hacía 97 años.
En un comunicado del pasado 6 de julio, las autoridades comunitarias advirtieron: “Si tocan al compañero Jesús, nos tocan a todas y todos. No permitiremos que se atente contra su vida ni que se le fabriquen cargos o se le criminalice injustamente”.
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Responsabilizaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda por cualquier acto de hostigamiento o agresión en su contra.
El CNI, el CIPOG-EZ y la Misión Civil de Observación Sexta exigieron la presentación con vida de Galindo, información inmediata sobre su paradero y la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales para garantizar su seguridad y el respeto al debido proceso.
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