Un hombre identificado como Néstor Alfredo García fue vinculado a proceso por su probable participación en una red criminal dedicada al tráfico de armas que operaba entre Estados Unidos y México.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la organización reclutaba personas para que, a cambio de dinero, prestaran sus tarjetas de crédito y domicilios en territorio estadounidense para recibir armamento comprado por internet.
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Una vez recibidas las armas, la red criminal las cruzaba de forma clandestina por la frontera de Nogales, Sonora, ciudad que colinda con Arizona.
Las armas ilegales llegaban hasta Culiacán
Presuntamente la banda estaba integrada por entre 15 y 20 personas. Datos oficiales detallaron que una vez el armamento —armas, cartuchos y explosivos— era recogido en Estados Unidos, lo introducían ilegalmente a México por Nogales para trasladarlo con destino final a Culiacán, Sinaloa, la capital del conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa que afecta a la sociedad desde septiembre de 2024.
García ya se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, Sinaloa, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR le ejecutaron una orden de aprehensión en reclusión y un juez dictó posteriormente su vinculación a proceso.
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Juez fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria
El juez encargado del caso contra Néstor Alfredo ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras los datos de prueba que presentó el Ministerio Público Federal en la audiencia inicial.
La investigación la encabezó la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en colaboración con el Agregado de Investigaciones de Seguridad (HSI) de la Embajada de Estados Unidos en México, lo que revela una pieza más del trabajo bilateral.
García Rodríguez enfrentó cargos por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas de fuego. La acusación incluyó su probable participación en la introducción clandestina al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos y explosivos, así como la fabricación de esos materiales sin el permiso correspondiente.
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Hasta el momento no se han informado posibles vínculos del hombre vinculado a proceso con alguna de las facciones criminales existentes en la capital de Sinaloa.
El HSI y la ATF han desmantelado redes similares de tráfico de armas hacia México
La colaboración del HSI con México no es un caso aislado. A principios de julio, una operación encubierta en Carolina del Norte derivó en la confiscación de 140 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50.
La ATF confirmó que el armamento tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El embajador Ronald Johnson atribuyó ese resultado a la coordinación de inteligencia entre ambos gobiernos. Ambos operativos forman parte de la agenda del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), creado en junio de 2026 y conformado por 15 agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas. Antes de su creación, esa cooperación ya había derivado en el decomiso de más de 36 mil armas ilegales antes de que cruzaran a México.
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó previamente que el 80% de las armas aseguradas por autoridades en México provienen de Estados Unidos, entre ellas ametralladoras, fusiles, armas Barrett y cartuchos de alto poder. Asimismo, señaló que una de cada cinco armas incautadas en el país corresponde a Sinaloa, el destino final del armamento que habría traficado la red en la que participaba García.
El volumen del problema quedó documentado en la más reciente jornada del programa federal “Sí al desarme, sí a la paz”, que entre octubre de 2024 y el 6 de julio de 2026 recaudó 11 mil 679 armas de fuego en los 32 estados del país, según informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Ese total incluyó 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 rifles y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos.
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La magnitud de esas cifras refleja la escala del tráfico que organismos como el HSI y las autoridades mexicanas buscan contener desde ambos lados de la frontera.
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