Luego de la captura del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el Registro Nacional de Detenciones confirmó la aprehensión de Ricardo Thompson Navarro, identificado como uno de los presuntos socios de Ingemar, la empresa investigada por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este mismo jueves 16 de julio en la colonia Zona Playitas de Ensenada, Baja California.
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Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, quedó a disposición de la FGR en Tijuana, igual que el exgobernador panista, según imágenes reveladas.
El registro oficial consignó su arresto a las 2:08 de la tarde. Las indagatorias también identifican como partícipes del presunto esquema criminal al un socio extranjero identificado como José Merino y a la empresa Lambrucat, vinculada al caso junto con Ingemar.
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Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura
La ficha del Registro Nacional de Detenciones, consultada la tarde de este 16 de julio por Infobae México describe a Thompson Navarro como un hombre de tez blanca, ojos azules, cabello blanco, de aproximadamente 1.80 metros de estatura y complexión media.
Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla verde claro y playera tipo polo azul celeste. La aprehensión ocurrió en la Carretera Transpeninsular, colonia Zona Playitas, Ensenada, Baja California, código postal 22870.
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Según datos consultados por este medio, cerca del sitio de captura hay una sucursal de Autozone y un supermercado. La autoridad que ejecutó la detención fue la SSPC, institución liderada por Omar García Harfuch.
Ingemar, la empresa en el centro del esquema de huachicol fiscal
Ingemar nació como empresa inmobiliaria y en 2023 dio un giro al mercado energético: reportes previos señalan que la Comisión Reguladora de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel.
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Thompson Navarro fungió como vocal del consejo de la empresa, cargo que le fue revocado, según documentó Aristegui Noticias.
A diferencia del huachicol tradicional —robo físico de combustible de ductos de Pemex—, el huachicol fiscal opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias: los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándolos como lubricantes, alcoholes o aditivos, productos exentos del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
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El IEPS es un gravamen federal que se aplica a la producción, importación y venta de ciertos bienes y servicios. En el caso de los combustibles, este cargo representa una parte significativa del precio final a los consumidores.
El esquema de huachicol fiscal presuntamente requiere la intervención o el descuido de autoridades aduanales y el uso de permisos temporales de importación. Altos mandos aduanales y de la Secretaría de Marina han sido capturados por este delito.
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El huachicol fiscal habría generado pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos, según el análisis Recaudación potencial del contrabando fiscal de Petro Intelligence. La Embajada de Estados Unidos en México lo considera la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo después del narcotráfico.
El crimen organizado, detrás del negocio del huachicol fiscal
El caso de Ruffo Appel y Thompson Navarro se enmarca en una investigación por contrabando de hidrocarburos y, en el del exgobernador, se confirmó que también enfrenta cargos por delincuencia organizada. Hasta el momento no se ha revelado vínculo alguno con ningún cártel.
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Sin embargo, las autoridades estadounidenses han documentado que el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante del crimen organizado en México.
El esquema va más allá del robo tradicional de combustible: implica falsificación de documentos aduaneros, empresas fantasma y sobornos a funcionarios para introducir gasolina y diésel sin pagar el IEPS. Los cárteles presuntamente se valen de comercializadoras mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a distribuidoras estadounidenses cómplices, emitir facturas falsas y darle apariencia legal al producto.
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El CJNG es uno de los grupos identificados en este circuito. Apenas el pasado 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas al cártel por operar una red transfronteriza de contrabando de combustible.
De manera paralela, la UIF incorporó a los 11 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas junto con 9 personas más por el mismo esquema.
Las autoridades estadounidenses también documentaron que los cárteles destinan parte de esas ganancias a financiar campañas políticas y medios de comunicación en México, con el objetivo de colocar funcionarios que faciliten sus operaciones de contrabando.
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