Colectivo feminista acusa simulación en caso Víctor Rodríguez: piden aplicar ley 3 de 3

Las Constituyentes Feministas, organización política independiente, se pronunció desde su cuenta oficial en ‘X’, respecto al proceso legal que enfrenta Víctor Rodríguez Padilla, extitular de Pemex, por el delito de violencia familiar. De acuerdo con el colectivo, el exfuncionario está llevando a cabo su proceso bajo condiciones que califican de “total privilegio, impunidad y condescendencia institucional”.

A través de su comunicado, las activistas denunciaron que resulta “inadmisible” que, el poder político y las diversas redes de influencia operen en la práctica como un escudo protector a favor de los agresores de mujeres.

Advirtieron sobre la gravedad de permitir que un exfuncionario de tal alto nivel entre en un proceso penal por violencia familiar en libertad o sometido a medidas cautelares que calificaron como “laxas”; ante esto, advirtieron que, además de aumentar el riesgo de la víctima, se envía un mensaje de carácter devastador a la sociedad: “El Estado protege al agresor si tiene poder”.

En este contexto, la colectiva exigió de manera categórica que la impartición de justicia deje de operar un mero “trámite burocrático de simulación” y comience a actuar con una verdadera perspectiva de género.

Argumentaron si la justicia que se retrasa ablanda o termina negociándose a puerta cerrada con los propios agresores constituye, en sí misma, una forma de violencia institucional. .

Ley 3 de 3: ¿Por qué debe aplicarse a Víctor Padilla?

Asimismo, Las Constituyentes MX Feministas lanzaron un contundente recordatorio dirigido a todos los órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a las distintas instituciones del Estado mexicano.

Enfatizaron que la iniciativa conocida como la “3 de 3 contra la violencia” no es una simple sugerencia, ni una cuota, y mucho menos está sujeta a ningún tipo de negociación, sino que representa un mandato constitucional imperativo.

Dicha ley fue publicada en el 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece condiciones para las personas que buscan ser candidatas a cualquier cargo de elección popular u otro trabajo dentro del sector público.

Estas condiciones buscan que los individuos que no cumplan con sus obligaciones o comentan algún delito no tengan la oportunidad de beneficiarse como trabajador de cualquier administración pública.

Esta iniciativa es el proceso para constatar que las personas candidatas no hayan incurrido en algo de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracción VII de la Constitución, ni del artículo 442 Bis en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la LGIPE.

Bajo este marco, el colectivo subrayó que ningún agresor, violentador sexual o deudor alimentario “puede ni debe ocupar cargos de dirección”, espacios de representación popular o empleos dentro del servicio público.

Resulta inaceptable para la organización que Víctor Rodríguez Padilla haya ocupado una de las posiciones de mayor relevancia e importancia dentro del sector público del país mientras se encontraba bajo la sombra de la agresión familiar.

El colectivo advirtió que las instituciones públicas no pueden seguir funcionando como refugios para violentadores. Aseguraron que no darán “ni un solo paso atrás” y que el poder político ya no puede seguir siendo sinónimo de impunidad.