Es oficial: entra en vigor la nueva tarifa de transporte público de Morelos con un aumento del 30%

El pasaje en el transporte público de Morelos sube de $10 a $13 pesos este 1 de julio de 2026, tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 18 de junio.

La medida, firmada por Jorge Alberto Barrera Toledo, titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, representa un alza del 30% y entra en vigor en medio de protestas ciudadanas y anuncios de acciones legales.

El ajuste tarifario se sustenta en un estudio técnico incluido en el propio decreto, que fija el costo real del servicio en $12.65 pesos por pasajero. Con una tarifa de $13 pesos, la utilidad proyectada para los concesionarios es del 8%.

El gobierno estatal había rechazado la solicitud original de los operadores, quienes pedían elevar el pasaje a $15 pesos, por considerarla excesiva frente a la capacidad de pago de la población.

Qué cambia para los concesionarios

El decreto no solo fija la nueva tarifa: también condiciona su vigencia al cumplimiento de obligaciones técnicas. Los concesionarios deberán acreditar la Revista Mecánica de sus unidades e incorporar sistemas de GPS para el control y supervisión del servicio.

Además, la nueva tarifa de $13 pesos debe exhibirse de forma visible en todos los vehículos urbanos y suburbanos del estado. La Coordinación General de Movilidad y Transporte quedó a cargo de vigilar el cumplimiento y de aplicar sanciones ante irregularidades.

Hasta la fecha, los concesionarios no han incorporado unidades nuevas al parque vehicular, según informó el Diario de Morelos.

Impacto en la economía familiar

En Morelos, el 64.7% de la población ocupada trabaja en la informalidad y cerca del 39% percibe únicamente un salario mínimo, de acuerdo con los datos incluidos en el decreto. El ingreso promedio de los usuarios del transporte público es de $14,176 pesos mensuales.

Para quienes realizan dos viajes diarios, el alza representa un gasto adicional de aproximadamente $6 pesos al día, lo que equivale a $180 pesos al mes en 30 días. En rutas más largas o con transbordos, el impacto puede ser mayor.

En comunidades rurales y suburbanas, donde las alternativas de movilidad son escasas, el efecto del ajuste se agudiza.

Tarifas diferenciadas para grupos vulnerables

Las exenciones y descuentos previstos en la ley se mantienen sin modificaciones. Las personas adultas mayores y quienes viven con discapacidad conservan un descuento del 50% sobre la tarifa vigente. Los menores de tres años continúan viajando sin costo, y los subsidios para estudiantes siguen activos conforme a la normativa estatal.

Organizaciones opositoras señalan que estos beneficios ya existían en administraciones anteriores y que su continuidad no constituye un avance derivado del aumento.

Protestas y amparos contra el decreto

El Frente Contra el Alza al Pasaje realizó una manifestación frente a las instalaciones de la Coordinación General en Cuernavaca, con quema simbólica de réplicas de unidades de cartón y bloqueos en el centro de la ciudad.

El vocero Diego Torres afirmó que, tras solicitudes de información pública, las autoridades no entregaron actas completas de los consejos municipales ni prueba de la instalación del Consejo Estatal de Movilidad, órgano que la ley prevé para avalar este tipo de decisiones. El portavoz Miguel Ángel Chávez, por su parte, cuestionó el uso de recursos públicos para la modernización ante la ausencia de avances tangibles en la renovación de unidades.

La Agrupación de Colonias Unidas de Cuernavaca anunció una “cascada de amparos” para intentar suspender la aplicación del decreto, al considerar que no existe claridad sobre los estudios técnicos y financieros que sirvieron de base para fijar el nuevo costo del pasaje.

Ruta jurídica contra el aumento tarifario

La Agrupación de Colonias Unidas de Cuernavaca anunció que promoverá una serie de amparos para intentar frenar la aplicación del decreto antes de que sus efectos se consoliden. El vocero Diego Torres adelantó que la estrategia busca obtener una suspensión judicial de la medida.

El argumento central de los impugnadores apunta a irregularidades en el procedimiento administrativo. Torres señaló que las autoridades no acreditaron la instalación del Consejo Estatal de Movilidad, órgano que la ley establece como requisito para avalar ajustes tarifarios de esta naturaleza, y que el gobierno habría reconocido la inexistencia del estudio en los términos legalmente exigidos.

Las organizaciones inconformes también cuestionan la falta de transparencia en los documentos de respaldo: tras solicitudes de información pública, afirman que no se entregaron actas completas de los consejos municipales que debieron participar en el proceso de autorización.