
A partir del 1 de julio de 2026, el costo mínimo del pasaje en el transporte público de Morelos sube de 10 a 13 pesos por decisión de la Coordinación General de Movilidad y Transporte.
La medida, oficializada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, edición extraordinaria del 18 de junio, obliga también a los concesionarios a cumplir con la Revista Mecánica y a incorporar sistemas de control como GPS en las unidades.
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El ajuste representa un alza del 30% y se justifica con base en un estudio técnico que estima la tarifa real en 12.65 pesos, según el documento firmado por Jorge Alberto Barrera Toledo.
El incremento fue autorizado tras rechazar la solicitud original de los concesionarios, quienes pedían una tarifa de 15 pesos, por considerarse excesiva para la economía familiar.
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En Morelos, el 64.7% de la población ocupada trabaja en la informalidad y casi el 39% percibe apenas un salario mínimo, lo que agudiza el peso del ajuste para miles de usuarios.
El decreto exige que la nueva tarifa de 13 pesos se exhiba de manera visible en todos los vehículos urbanos y suburbanos del estado.
La autoridad estatal será responsable de vigilar el cumplimiento y sancionar las irregularidades.
Los beneficios sociales continúan: personas adultas mayores y quienes viven con discapacidad mantienen un descuento del 50%, los menores de tres años viajan sin costo y los subsidios para estudiantes siguen vigentes conforme a la ley.
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El ingreso promedio de quienes utilizan el transporte público en Morelos se calcula en 14,176 pesos mensuales, lo que hace que el aumento del pasaje represente un peso adicional sobre los gastos diarios de las familias.
Este cambio llega en un periodo de tensión financiera, donde muchos usuarios ya enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas, incluyendo la movilidad para llegar a sus trabajos, escuelas o realizar sus actividades cotidianas.
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Organizaciones sociales denuncian irregularidades en el proceso de ajuste tarifario
Diversos colectivos, encabezados por el Frente Contra el Alza al Pasaje, manifiestan su rechazo al incremento y denuncian irregularidades en el procedimiento.
Durante una protesta frente a la Coordinación General de Movilidad y Transporte en Cuernavaca, los inconformes realizaron una quema simbólica de réplicas de unidades hechas de cartón y bloquearon calles del centro.
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Uno de los voceros, Diego Torres, afirma que tras solicitudes de información pública, “no se entregaron actas completas de los consejos municipales ni evidencia de la instalación del Consejo Estatal de Movilidad, órgano previsto por la ley para avalar este tipo de decisiones”.
Torres sostiene que, aunque las autoridades presentaron criterios de modernización y proyectos como la futura implementación de un sistema tipo BRT, “en realidad no habrían integrado el Consejo Estatal”, y asegura que el gobierno habría reconocido la inexistencia del estudio en los términos requeridos, según los inconformes.
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Otro portavoz, Miguel Ángel Chávez, advierte que no existen condiciones legales, técnicas ni sociales para respaldar el aumento y cuestiona el uso de recursos públicos para la modernización, ya que no hay avances tangibles en la renovación de las unidades.
Las organizaciones que se oponen al incremento anuncian que mantendrán protestas y analizan posibles acciones legales para impugnar la medida, al considerar que existen elementos que ponen en duda la legalidad del procedimiento.
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Impacto diario en los usuarios y preocupación económica
Para los usuarios del transporte público, el aumento de la tarifa significa un ajuste inmediato en sus presupuestos familiares.
El gasto en movilidad representa una proporción relevante de los ingresos mensuales, sobre todo en hogares donde la mayor parte de los miembros depende del camión para desplazarse.
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En comunidades rurales y suburbanas del estado, donde las alternativas de transporte son limitadas, la nueva tarifa de 13 pesos incrementa la presión sobre la economía familiar.
La inquietud por el alza se acentúa en sectores con ingresos bajos, especialmente entre quienes perciben el salario mínimo o trabajan en la economía informal.
Las organizaciones sociales insisten en que el ajuste debería ir acompañado de medidas de apoyo económico directo o ampliación de los subsidios, pero hasta ahora no se han anunciado programas nuevos en ese sentido.
Expectativas y disposiciones complementarias tras el aumento
El acuerdo establece que los concesionarios deberán cumplir con la modernización obligatoria del transporte, incluyendo revisiones mecánicas y tecnología de supervisión.
Los descuentos y exenciones para grupos vulnerables siguen vigentes, aunque opositores señalan que estos beneficios ya existían en administraciones anteriores y no representan una novedad.
La publicación del decreto deja insatisfechos a ciertos sectores, quienes esperaban que, junto con el aumento, se implementaran medidas de gratuidad para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad; estos grupos sostienen que, hasta ahora, tales promesas no se han concretado.
El gobierno estatal ha reiterado que la vigilancia y la aplicación de sanciones serán estrictas para quienes no exhiban la nueva tarifa o incumplan las disposiciones de modernización.
Los usuarios, por su parte, deberán ajustar su presupuesto diario para cubrir el nuevo costo, en espera de que las mejoras prometidas se reflejen en un servicio más eficiente y seguro.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la entrada en operación de nuevas unidades o la implementación inmediata de sistemas tecnológicos adicionales, pese a que forman parte de los compromisos oficiales vinculados al aumento tarifario.
El debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y la necesidad de equilibrar los intereses de los concesionarios con la capacidad de pago de la población sigue abierto.
En tanto, la inconformidad social persiste y las organizaciones civiles anticipan nuevas movilizaciones en los días previos a la entrada en vigor de la tarifa.
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