Cárteles cobran por huacales y controlan la cadena agrícola en México

El Cártel del Golfo impuso en la región citrícola de Tamaulipas un cobro ilegal sobre los huacales —las cajas de madera utilizadas para transportar fruta— y elevó su precio 150% en los últimos tres años: de 2 a 5 pesos por unidad.

El mismo mecanismo fue denunciado en Michoacán desde marzo de 2025 por el empresario limonero Bernardo Bravo. De acuerdo con registros del consultor en seguridad Alberto Guerrero Baena, la práctica se ha extendido a por lo menos ocho estados del país.

El modelo convierte cada caja de naranja, limón o aguacate en un punto automático de cobro para el crimen organizado.

Leonardo García, agricultor desplazado del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, fue el primero en denunciar públicamente el esquema ante la Fiscalía estatal, hace 16 meses. Según su testimonio, al día siguiente de presentar la denuncia, hombres armados llegaron a su rancho con copias del documento —supuestamente anónimo— y le dieron 24 horas para abandonar su propiedad.

La mecánica del huacal como herramienta de extorsión

Cada huacal tiene capacidad para entre 15 y 20 kilogramos de fruta. En una producción de toneladas, el sobrecosto acumulado por el nuevo precio impuesto por el cártel asciende a decenas o incluso cientos de miles de pesos por temporada.

Los productores de Santa Engracia, en Tamaulipas, ya no pueden adquirir esas cajas con ningún proveedor: solo con una persona identificada como emisario del Cártel del Golfo. Las cajas llegan con un sello que funciona como comprobante de pago al grupo criminal; sin ese sello, las consecuencias son violentas.

“O asumes el nuevo costo del huacal que te vende el crimen a más del doble o dejas de pizcar, porque no te alcanza. Y se te pudre la naranja”, dijo García desde una videollamada, en un lugar que mantuvo en reserva por razones de seguridad.

El efecto visible en el campo es que los naranjos de la región aparecen hoy más cargados de fruta que en temporadas anteriores: muchos productores ya no cosechan porque el costo de la extorsión hace inviable la pizca.

Bernardo Bravo, Michoacán y el precio de denunciar

En el Valle de Apatzingán, Michoacán, el empresario limonero Bernardo Bravo, entonces presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, alertó en marzo de 2025 sobre el mismo esquema. Le informó al periodista Óscar Balderas, de Milenio, que una empresa vinculada a “un familiar de la mafia” obligaba a los productores a comprar huacales sellados, cuyo precio había subido de 1 a 5 pesos por unidad.

Siete meses después de esa conversación, el 19 de octubre de 2025, Bravo fue asesinado. Su cuerpo apareció al día siguiente dentro de una camioneta en el tramo Apatzingán–Las Tinajas, con una herida de bala en la cabeza.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán determinaron que el autor intelectual del crimen fue César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, líder de Los Blancos de Troya, brazo armado del grupo Los Viagras y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 22 de enero de 2026, fuerzas federales lo detuvieron en el municipio de Buenavista y fue trasladado en helicóptero a Ciudad de México. En enero de 2026 fue vinculado a proceso por homicidio calificado, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El negocio del limón en Michoacán mueve cerca de USD 700 millones al año. Cada denuncia pública de Bravo contra las extorsiones representaba una amenaza directa al control financiero de Sepúlveda sobre esa cadena productiva.

La extorsión al huacal se expande por ocho estados

La práctica no se limita a Tamaulipas ni al Valle de Apatzingán. En Arteaga, Michoacán, el precio del huacal subió 200%; en Zitácuaro, la misma región, el incremento llegó a 300%. Los Caballeros Templarios controlan el cobro en Arteaga; el CJNG, en Zitácuaro.

Guerrero Baena, exfuncionario de seguridad estatal en Michoacán, documentó el mismo impuesto criminal en Veracruz, Campeche, Tabasco, Guanajuato, Sinaloa y en los campos agrícolas de Baja California, especialmente en San Quintín. En esa última zona, el crimen organizado también contrata jornaleros bajo condiciones que las autoridades han calificado como análogas a la esclavitud moderna.

“Cuando el cobro de derecho de piso se expresa por huacal, la cuota crece automáticamente con el volumen de producción y comercialización”, explicó Guerrero Baena. Añadió que el crimen organizado decide quién produce, quién compra, cuánto se paga y quién transporta, con lo que ejerce funciones que corresponden al Estado y al mercado.

El huacal y la madera ilegal: dos delitos en una caja

El control de los huacales arrastra un segundo problema: la tala ilegal. De acuerdo con García, las cajas que el Cártel del Golfo vende a la fuerza en Tamaulipas se fabrican con madera obtenida ilegalmente en municipios como Madero y Altamira, en el sur del estado.

Un informe de 2020 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) —titulado Personas y bosques en riesgo: crimen organizado, trata de personas y deforestación en Chihuahua— describe la mecánica: “Los aserraderos suelen ‘lavar’ la madera talada ilegalmente mezclándola con madera obtenida de forma legal, lo que hace prácticamente imposible rastrearla hasta su lugar de origen”. El mismo informe señala que muchos de esos productos terminan en Estados Unidos como muebles, palos de escoba o material de embalaje agrícola.

Las rutas de distribución de los huacales ilegales en Tamaulipas coinciden con las que el Cártel del Golfo usa para trasladar drogas y migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. La operación es diaria y hormiga.

Una extorsión 2.0 que el Senado de Estados Unidos ya escuchó

Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales en el Instituto Brookings, define este modelo como “la cooptación de la cadena vertical de una economía legal”. En marzo de 2024 advirtió ante el Senado de Estados Unidos que “esta toma de control va mucho más allá de la extorsión y a menudo busca controlar toda la cadena vertical de producción”, y que esa apropiación “no sólo fortalece las herramientas de lavado de dinero de los cárteles e incrementa sus ingresos, sino que también constituye un medio de control político”.

Para sostener ese control, el crimen organizado ya no opera solo con cobradores armados. Cuenta con empresas legales de procesamiento de alimentos, transporte con cadena fría y empaquetadoras que ejecutan la parte formal del negocio.

El cobro por huacal es, en palabras del propio García, la señal más clara de que el derecho de piso en México entró en una etapa de mayor profundidad y control territorial: primero fue el corte de la fruta, luego el empaque, luego el transporte. El huacal era, según sus propias palabras, “la broma que se hizo realidad”.