Dólares, gasolina y votos: el Tesoro de EEUU revela cómo el huachicol financia la política mexicana

Una extensa investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha revelado que el robo y contrabando de hidrocarburos ha dejado de ser un simple negocio secundario para convertirse en una amenaza directa a la democracia mexicana. El llamado “huachicol” y su sofisticada variante, el “huachicol fiscal”, se han consolidado como la principal fuente de ingresos no vinculada al narcotráfico del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), operando como un motor financiero ilícito diseñado para la infiltración política y la captura del Estado.

El engranaje del “huachicol fiscal” y la evasión multimillonaria

Para entender la magnitud de la infiltración, es necesario comprender la complejidad del esquema. Las actividades del cártel abarcan desde la extracción ilegal directa a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante sobornos y perforación de ductos, hasta operaciones de comercio internacional.

El informe detalla que el cártel utiliza empresas comercializadoras mexicanas cómplices que, si bien cuentan con permisos de distribución de la Comisión Nacional de Energía, carecen de las autorizaciones de la Secretaría de Energía para importar combustible. Mediante la falsificación de documentos aduaneros y el soborno sistemático de funcionarios en los puertos de entrada, los criminales evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Así, introducen gasolina, diésel y nafta desde Estados Unidos para venderla con altísimos márgenes de ganancia en el mercado negro y en gasolineras afiliadas al cártel.

La infiltración del Estado: campañas, medios y contratos

El ciclo de corrupción culmina en la arena política. El análisis de FinCEN sobre los reportes bancarios descubrió que las millonarias ganancias obtenidas por la venta de combustible no solo se lavan en bienes raíces o artículos de lujo en Estados Unidos. En México, una parte fundamental de este dinero en efectivo se destina directamente a alterar el sistema democrático.

Según la inteligencia estadounidense, el CJNG utiliza estas ganancias ilícitas para:

• Financiar campañas políticas a nivel local y regional.
• Comprar espacios en medios de comunicación para influir en la opinión pública y proteger a sus candidatos aliados.
• Colocar a políticos corruptos en puestos administrativos clave del gobierno.

Una vez en el poder, estos funcionarios devuelven el favor facilitando las operaciones de contrabando en las aduanas y otorgando lucrativos contratos estatales. Estos contratos, a su vez, permiten a la organización criminal lavar a gran escala los ingresos ilícitos disfrazados de negocios gubernamentales legítimos.

Los operadores de cuello blanco y la complicidad en aduanas

El éxito de esta maquinaria depende de figuras que operan lejos de la violencia armada. La OFAC sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, un contador señalado como el cerebro detrás de estas operaciones financieras. Juraidini crea empresas fantasma, falsifica documentación aduanera y genera decenas de millones de dólares anuales para el CJNG a través de entidades como Centro Cambiario La Peseta y OJ Living Trust.

A la par, operadores logísticos como J. Refugio Ruiz Villagómez (vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution) se encargan del trabajo sucio en las fronteras, pagando sobornos directamente a organizaciones criminales y autoridades para controlar los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

Un estado paralelo financiado por la gasolina

La magnitud económica de esta red transnacional es asombrosa. FinCEN reportó haber recibido en un solo año más de 160 Informes de Actividad Sospechosa (SAR) vinculados a este esquema, detallando más de 7 mil millones de dólares en movimientos irregulares, concentrados principalmente en la frontera de Texas (ciudades como Brownsville y McAllen) y Florida.

Como señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desmantelar estas fuentes de ingresos es una prioridad para garantizar la seguridad regional, ya que los cárteles están expandiendo su actividad más allá de las drogas. Con reportes públicos que sugieren que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito, las sanciones de Washington envían un mensaje inequívoco: el cártel ya no opera solo como una banda de narcotraficantes, sino como un conglomerado energético y político que amenaza con suplantar al propio Estado mexicano.

Sheinbaum exige pruebas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que las autoridades estadounidenses deben mostrar pruebas de las acusaciones que hacen referentes a que el crimen organizado ha financiado campañas políticas en el país.

La mandataria nacional exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas sobre las acusaciones de que mexicanos y empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal financiaron campañas políticas.

Sheinbaum cuestionó que las autoridades estadounidenses difundieran esos señalamientos sin compartir evidencia con el gobierno mexicano. “¿Qué pruebas tienen?“, cuestionó.

Sheinbaum señaló que varias de las personas mencionadas ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y reprochó que Estados Unidos se adelantara a una comunicación conjunta.