Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por un esquema de contrabando de combustible que genera decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal. La acción, coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), expone con detalle inédito el funcionamiento del llamado huachicol fiscal.

De acuerdo con las autoridades, el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante que tienen los cárteles mexicanos en la actualidad. El esquema consiste en introducir gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el gravamen federal que México aplica a la importación de hidrocarburos.

¿Cómo funciona la cadena del fraude?

Los cárteles y sus operadores —conocidos como huachicoleros— adquieren el combustible a través de distribuidoras estadounidenses cómplices que tienen acceso directo a grandes refinerías. Esas distribuidoras desvían el producto hacia redes interconectadas de empresas fachada y empresas fantasma en los sectores de carga, logística y otras industrias antes de que el combustible cruce la frontera.

El transporte hacia México se realiza en camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas clandestinas de embarcaciones marítimas. Una vez en territorio mexicano, el combustible llega a patios de almacenamiento bajo control del cártel.

El papel de las comercializadoras mexicanas

Los cárteles utilizan empresas comercializadoras mexicanas —conocidas como comercializadoras— que cuentan con permisos de distribución de combustible otorgados por la Comisión Nacional de Energía de México. Esas empresas compran el combustible a las distribuidoras estadounidenses cómplices y emiten facturas falsas para darle apariencia legal al producto ilícito dentro del país.

El problema estructural del esquema radica en que esas comercializadoras carecen de los permisos de importación que exige la Secretaría de Energía de México. La brecha entre el permiso de distribución y el de importación es precisamente el hueco legal que el cártel explota para evadir el IEPS.

La falsificación documental en la aduana

Los huachicoleros evaden el IEPS mediante la clasificación errónea de la documentación aduanera, el soborno a funcionarios de gobierno o una combinación de ambos métodos. El combustible entra así a México sin el registro fiscal que correspondería a una importación legítima.

Según información pública citada por el Tesoro, entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible que se vende en México podría ser de origen ilícito. Esa proporción representa miles de millones de dólares en ingresos fiscales que el gobierno mexicano deja de recaudar cada año.

¿Quién mueve el dinero?

Los cárteles pagan a las distribuidoras estadounidenses cómplices principalmente mediante transferencias internacionales y pagos en activos digitales, ya sea de forma directa o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas de paso. En otros casos, los pagos llegan como depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias, con recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades criminales, lo que constituye una forma de lavado de dinero basado en el comercio.

Entre los sancionados hoy figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador del CJNG dentro de un esquema de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares al año para la organización.

¿Cómo se lava el dinero en Estados Unidos?

Las distribuidoras estadounidenses cómplices ocultan las ganancias ilícitas mediante la compra de bienes de lujo —vehículos de alta gama, joyería de alto valor y destinos vacacionales exclusivos—, bienes raíces y activos de inversión. Esas operaciones constituyen las tipologías de lavado más frecuentes detectadas por FinCEN en el análisis de reportes presentados bajo la Ley de Secreto Bancario.

En los 12 meses posteriores a la alerta que FinCEN emitió en mayo de 2025, la agencia recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones sospechosas, enviadas principalmente entre Estados Unidos y México. Los estados más involucrados fueron Texas y Florida, con actividad concentrada en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

El huachicol como herramienta política

En México, los cárteles destinan las ganancias del mercado negro de combustible a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación. El objetivo es favorecer la elección de políticos corruptos dispuestos a otorgarles control sobre posiciones administrativas clave del gobierno, lo que a su vez facilita las operaciones de contrabando.

Ese circuito —combustible ilícito, evasión fiscal, lavado de dinero y captura política— convierte al huachicol fiscal en un mecanismo de financiamiento que va mucho más allá del crimen organizado convencional.

Las sanciones y la coordinación institucional

La acción del Tesoro fue coordinada con un grupo de trabajo de Seguridad Nacional del sur de Texas que integró a la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Las sanciones también se desarrollaron de forma conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México.

“Las acciones del Tesoro contra estas fuentes de ingresos ilícitos avanzan la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en el comunicado oficial.

El contexto de las designaciones previas

El Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. El Tesoro ya lo había sancionado el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros y nuevamente el 15 de diciembre de 2021 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas.

La alerta de hoy se suma a una serie de productos analíticos recientes de FinCEN sobre flujos financieros ilícitos asociados al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México, que abarcan desde el tráfico de precursores de fentanilo hasta el contrabando de personas en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.