Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y el Ejército Mexicano resultó en la detención de nueve hombres que usurpaban funciones de la Guardia Civil en el municipio de Zinapécuaro.
Los detenidos viajaban en dos camionetas tipo pickup con emblemas similares a los de la corporación estatal. Portaban uniformes, credenciales, armamento y equipos de comunicación. Las autoridades no detallaron si se trata de patrullas clonadas o son oficiales.
En el operativo se aseguraron 16 armas, 43 cargadores, más de mil cartuchos útiles, diverso equipo táctico y una sustancia cristalina con características de la metanfetamina, la cual deberá de ser analizada químicamente para confirmar su contenido.
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Inconsistencias en la identidad de los tripulantes alertaron a las autoridades
Según el reporte oficial tras la detención, compartido este 25 de junio por la SSP, durante un recorrido de vigilancia, elementos de seguridad detectaron las dos camionetas tipo pickup en el municipio de Zinapécuaro.
Al acercase para realizar una revisión, los hombres presentaron inconsistencias en su identificación que evidenciaron que no pertenecían a ninguna corporación policial legítima.
Los tripulantes portaban uniformes y credenciales con emblemas similares a los de la Guardia Civil, lo que les habría permitido hacerse pasar por elementos de esa corporación. La revisión de sus documentos y equipos expuso las irregularidades que derivaron en su detención.
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Los nueve hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por el presunto delito de usurpación de funciones.
El armamento y el equipo táctico asegurado
Las autoridades decomisaron un arsenal que incluía nueve armas largas y siete armas cortas, para un total de 16. Junto a ellas se encontraron 43 cargadores y más de mil cartuchos útiles de diversos calibres.
El equipo táctico fue igualmente extenso. Los nueve detenidos portaban chalecos balísticos —uno por persona—, además de tres cascos balísticos y radios de comunicación que habrían utilizado para coordinar sus actividades.
Entre los bienes asegurados también figuraron las dos camionetas tipo pickup balizadas con emblemas similares a los de una corporación policial, vehículos que habrían sido el principal elemento para simular ser elementos de la Guardia Civil ante la población.
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Droga entre el material encontrado en las camionetas
Además del armamento y el equipo táctico, el operativo arrojó el hallazgo de aproximadamente 35 gramos de una sustancia con las características de la metanfetamina, localizada entre el material que transportaban los detenidos en las camionetas.
El hallazgo de la droga sumó un elemento adicional a la investigación en contra de los nueve hombres. Las autoridades no descartaron que pudieran derivarse otros cargos conforme avance el proceso.
La usurpación de funciones es un delito federal
El delito de usurpación de funciones está tipificado en el artículo 250 del Código Penal Federal, dentro del capítulo de falsedad. La pena base es de uno a seis años de prisión, pero puede aumentarse hasta la mitad cuando los uniformes, credenciales o insignias corresponden a una corporación policial, que es el caso de los nueve detenidos en Zinapécuaro.
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El artículo 250 bis 1o. del mismo código agrava la sanción a entre cinco y doce años de prisión cuando se utilizan vehículos con balizamiento similar al de instituciones de seguridad pública con el propósito de cometer un delito, supuesto que las autoridades podrían aplicar dado el aseguramiento de las dos camionetas.
Entre el armamento resguardado había rifles tipo AR-15, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas cuya portación por civiles constituye otro delito federal, tipificado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo mismo aplica para los 43 cargadores y el millar de cartuchos decomisados.
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Los aproximadamente 35 gramos de posible metanfetamina hallados en las camionetas corresponderían, por su cantidad, al delito de narcomenudeo. Al estar por debajo del umbral de 40 gramos que establece la Ley General de Salud, ese cargo recaería en principio en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. No obstante, la Fiscalía General de la República podría atraer el caso.
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