Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

La resolución de vinculación a proceso se da a poco más de catorce meses de que él iniciara una demanda civil contra la televisora, y el caso podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión

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Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara
(Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)
Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

El productor Andrés Tovar enfrenta un proceso penal por los delitos de fraude procesal y falsedad de declaración tras una denuncia presentada por Imagen Televisión, empresa para la que trabajó y con la que sostiene un litigio por derechos de autor.

La resolución de vinculación a proceso se da a poco más de catorce meses de que Tovar iniciara una demanda civil contra la televisora, y el caso podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión.

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La denuncia penal: fraude procesal y falsedad de declaración

En un video publicado este 16 de junio en su cuenta de Instagram, Andrés Tovar explicó que Imagen Televisión lo denunció penalmente luego de que él demandara a la empresa por la vía civil en 2024.

“Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. Catorce meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal”, dijo el productor.

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La denuncia se basa en hechos relacionados con la autoría, el desarrollo y la producción de más de seis mil trescientas horas de programas, contenidos que, según Tovar, no han sido reconocidos ni pagados por la empresa.

El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el monto presuntamente defraudado asciende a 150 millones de pesos, cifra que corresponde a los programas y proyectos que Tovar realizó durante su etapa en la televisora.

El significado de la vinculación a proceso

La audiencia judicial que definió la situación legal del caso ocurrió el 19 de mayo, aunque la información trascendió hasta la mañana de este martes, como reportó el medio TVNotas.

En su mensaje, Tovar subrayó que la vinculación a proceso no implica una sentencia ni una determinación definitiva de culpabilidad.

“Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes”, señaló.

El productor enfatizó que seguirá presentando pruebas y argumentos ante las autoridades, pues defiende que el conflicto tiene origen en la falta de pago y reconocimiento sobre obras que él creó, desarrolló, registró y produjo en Imagen Televisión.

Relación con Rocío Sánchez Azuara y el precedente para otros creadores

Relación con Rocío Sánchez Azuara y el precedente para otros creadores

(Foto: Instagram/@rocio_sazuara)
Relación con Rocío Sánchez Azuara y el precedente para otros creadores (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

La disputa entre Andrés Tovar y la televisora involucra también la relación profesional con Rocío Sánchez Azuara, quien fue conductora de uno de los programas producidos por Tovar.

El litigio ha generado atención, en parte, por la relevancia de ambos en la industria de la televisión mexicana y por la notoriedad pública del actual esposo de Maite Perroni.

En su declaración pública, Tovar hizo referencia directa al impacto más allá de su caso individual: “Esto no es solo sobre mí. Esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras. Porque si defender tu trabajo y lo que legítimamente te corresponde se convierte en un delito, entonces ya nadie está a salvo. Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquiera que decida defender sus derechos”.

Exigir derechos laborales y autorales, el trasfondo del caso

En mensajes escritos difundidos en sus redes sociales, Tovar insistió en que el fondo de la disputa es la defensa de los derechos de autor y laborales en la industria.

“Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión. Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado”, escribió. Aseguró que después de más de dos años de intentar solucionar el conflicto por la vía del diálogo y, posteriormente, mediante una demanda civil, la respuesta fue una denuncia penal.

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel
(Foto. Instagram/ Maite Perroni)
Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel (Foto. Instagram/ Maite Perroni)

El productor afirma que la criminalización de quienes defienden su trabajo representa un riesgo para todos los que generan contenido y propiedad intelectual en el país.

“Creo firmemente que defender el trabajo realizado, exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución, ni de criminalización. Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso. Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquier persona que decida defender sus derechos”, expuso en sus plataformas digitales.

Consecuencias legales y posibles escenarios

La acusación por fraude procesal y falsedad de declaración puede derivar en una sentencia de hasta ocho años de prisión si el juez determina que existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Andrés Tovar. El seguimiento al proceso estará marcado por la presentación de pruebas y alegatos de ambas partes ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

El caso pone en el centro del debate los riesgos a los que se enfrentan los creadores de contenido en México al exigir el reconocimiento y pago por su trabajo, así como la posibilidad de que conflictos laborales y civiles deriven en procesos penales.

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