¿Te pueden sacar de una playa “privada” en México? Esto es lo que debes saber en tus próximas vacaciones

México cuenta poco más de 11 mil kilómetros de litoral que comprende el Pacífico, Golfo de México y el Caribe, donde se distribuyen aproximadamente 450 playas que sirven como destino a millones de turistas mexicanos y extranjeros durante esta temporada de Semana Santa, sin embargo, en algunos puntos existen algunas playas de carácter privado.

La privatización de espacios junto al mar es una práctica común de hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos, sin embargo, la ley señala que las playas son propiedad de la nación y de uso público.

En 2020, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Márquez, aclaró que por mandato constitucional en México no existen playas privadas.

“La posición de la Secretaría de Turismo sobre este tema es muy clara: las leyes se tienen que cumplir, por todos por igual, así que las playas mexicanas ni se privatizan, ni se restringe su ingreso a ningún ciudadano de este país”, sentenció el funcionario federal.

Para los mexicanos vacacionar en alguna playa es casi una tradición durante el periodo de Semana Santa y por ello estos espacios suelen recibir a una gran cantidad de visitantes. La situación se vuelve compleja cuando en algunos destinos algún negocio impide el libre tránsito bajo el argumento de ser un “espacio reservado a clientes”.

El secretario de Turismo de México, Torruco Marqués, ha destacado la importancia de que las playas del país, consideradas patrimonio nacional, permanezcan accesibles al público conforme a las leyes actuales, haciendo un llamado al respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política.

De ese modo, los visitantes afectados por una situación de esta naturaleza tendrán toda la razón al mostrar su inconformidad con el establecimiento o negocio que trate restringir el acceso a una playa, sea cual sea el destino turístico.

Las playas privadas son ilegales en México

La explotación ilegal o uso indebido de la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) en México constituye una infracción que puede acarrear multas significativas.

La normativa vigente establece que cualquier actividad comercial o de otra índole que se realice en estas zonas, sin poseer los títulos de concesión, permisos, o autorizaciones emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se considera un delito.

Estas medidas se enmarcan dentro de la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zonas Federales Marítimo-Terrestres y Terrenos Ganados al Mar.

La regulación abarca diversas áreas, incluyendo las conocidas “playas privadas”, donde propietarios afirman tener derechos exclusivos sobre estos territorios sin contar con la documentación necesaria. Frente a situaciones de este tipo, especialmente notorias durante periodos vacacionales donde la accesibilidad a las playas se vuelve un tema crítico, la ciudadanía tiene a su disposición varios canales para presentar denuncias.

Es importante resaltar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la instancia responsable de recibir y procesar estas denuncias, trabajando en conjunto con la Semarnat para asegurar la conservación y el uso adecuado de las zonas costeras del país. La existencia de leyes y regulaciones estrictas subraya el compromiso de México con la protección de sus recursos naturales y la promoción de un acceso equitativo a las playas, parte vital de su riqueza natural y cultural.

La protección de la ZOFEMAT y el combate a la privatización ilegal de playas son aspectos fundamentales para garantizar el disfrute universal de estos espacios. La legislación y las acciones de vigilancia están orientadas a preservar el patrimonio natural del país, fomentando al mismo tiempo una conciencia ambiental y responsabilidad social entre propietarios y visitantes por igual.

La implicación activa de la ciudadanía mediante la denuncia es crucial para combatir las violaciones y asegurar un entorno costero sostenible para las futuras generaciones.