
La violencia en Culiacán y el despliegue permanente de fuerzas federales han generado un fenómeno visible en distintas colonias de la capital sinaloense: viviendas vandalizadas, incendiadas o abandonadas por el crimen organizado son utilizadas como posiciones temporales por elementos del Ejército Mexicano.
Se trata de inmuebles conocidos de forma coloquial como “casas reventadas”, término utilizado para describir domicilios con daños por impactos de bala, incendios, portones forzados o afectaciones estructurales derivadas de hechos violentos. En varios casos, estas propiedades permanecen deshabitadas durante meses o incluso años.
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Estos espacios forman parte de la estrategia de vigilancia territorial en el contexto de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, a más de 600 días de la ruptura interna entre los llamados “Chapitos” y “Mayitos”.
En respuesta a una solicitud de información del medio local Río doce, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue requerida para detallar el número de domicilios utilizados como cuarteles, su ubicación y los periodos de ocupación. Sin embargo, la dependencia respondió que no localizó registros documentales con esos datos.
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En el documento oficial, la institución explicó que tras una búsqueda en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional no se encontró evidencia que atendiera la solicitud, por lo que se aplicaron los criterios de inexistencia previstos en la legislación de transparencia.
Una segunda solicitud, en la que se pidió el fundamento legal para la ocupación de viviendas abandonadas o vandalizadas por personal militar, obtuvo una respuesta similar sin información adicional.
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Cuestionamientos legales por la ocupación de inmuebles privados
El tema ha abierto cuestionamientos legales sobre el uso de propiedades privadas por parte de fuerzas armadas. Julio Alfonso Castro, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, sostuvo que no existe un marco jurídico que permita a militares habitar viviendas particulares, incluso cuando se encuentren abandonadas o dañadas.
El abogado explicó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sinaloa, la ocupación de un inmueble sin consentimiento del propietario puede configurarse como delito de despojo, salvo que exista autorización legal o una orden judicial que lo justifique.
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Añadió que, en el caso de inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), su uso sólo puede justificarse para fines de resguardo ministerial, con el objetivo de preservar evidencias dentro de una investigación en curso.
En contraste con el debate jurídico, en diversas colonias de Culiacán la presencia militar en este tipo de viviendas forma parte del entorno cotidiano de seguridad.
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De acuerdo con el medio citado, en la colonia Industrial El Palmito, durante un recorrido nocturno, se observó a elementos del Ejército instalados en una casa de dos plantas con alberca, la cual, de acuerdo con vecinos, permanecía abandonada desde hacía tiempo. En el exterior, patrullajes y el uso de vehículos tácticos forman parte del esquema de vigilancia en una zona con antecedentes recientes de violencia.
En otros puntos de la ciudad se identifican inmuebles con características similares. En la colonia Miguel Hidalgo, una vivienda dañada por hechos violentos fue acondicionada con costales de arena y utilizada como punto de vigilancia militar. A corta distancia, en la colonia Guadalupe Victoria, otra casa de dos niveles presenta una instalación similar con presencia de elementos castrenses.
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También se documentó el uso temporal de una vivienda en la colonia Laureles Pinos, cerca del Panteón 21 de Marzo, que fue utilizada como punto de resguardo y posteriormente desocupada.
En conjunto, estos casos muestran una estrategia operativa basada en la ocupación de inmuebles que han quedado inutilizados tras hechos de violencia, en un contexto donde la infraestructura urbana dañada por el crimen organizado forma parte del despliegue de seguridad en la capital sinaloense.
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