
Tras la aprobación por unanimidad de la Ley del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México en el Congreso capitalino, colectivos y familiares han denunciado exclusión de familias de personas privadas de la libertad, ya que no se consideró su voz en políticas y reformas que afectan de forma directa su vida y bienestar.
Aunque, durante la aprobación de la iniciativa, el legislador Víctor Gabriel Varela López sostuvo que esta nueva ley “contempló las opiniones y propuestas de organizaciones civiles, colectivas, feministas, personas cuidadoras y de quienes reciben cuidados”, recabadas en audiencias públicas.
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Sin embargo, las organizaciones fundamentan su exigencia recordando los recientes estándares internacionales. Específicamente, citan la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció formalmente el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente. Dicho derecho se integra por tres dimensiones:
- El derecho a cuidar.
- El derecho a ser cuidado.
- El derecho al autocuidado
La resolución internacional precisa que los Estados deben asumir obligaciones ineludibles en esta materia. Por ello, las organizaciones recalcan que reconocer a las personas cuidadoras por vínculo penitenciario no es una concesión, sino una exigencia estricta de derechos humanos.
Exigencias centrales de las Organizaciones
El documento señala que, sin la inclusión de las familias de personas privadas de la libertad, es imposible hablar de un Sistema de Cuidados que sea verdaderamente “universal, justo e interseccional”. Ante esta omisión en la CDMX, el bloque de organizaciones exige:
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- Trato Digno en Centros Penitenciarios: Garantizar condiciones dignas de ingreso, espera y permanencia en las cárceles. Se subraya que ninguna medida de seguridad puede justificar tratos crueles, inhumanos, degradantes o discriminatorios contra las familias.
- Transparencia Gubernamental: La creación de indicadores públicos y oficiales sobre las cargas de cuidado que absorben estas personas y sobre la violencia institucional que padecen al visitar a sus familiares.
El comunicado cuenta con la firma de numerosos familiares y personas aliadas, así como de un bloque de organizaciones nacionales e internacionales que exigen visibilizar esta labor de cuidado.

A nivel nacional, destacan firmas de colectivos como Documenta, Data Cívica, Elementa DDHH, Instituto RIA, AC, Artículo 20 AC y la Junta Local de Cuidados, Interculturalidad, Salud y Derechos AC.
A nivel internacional, respaldan el documento entidades de gran peso como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Families Presos de Catalunya, la Asociación Azul Originario de El Salvador y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, visibilizando que el abandono institucional hacia quienes cuidan en contextos penitenciarios es una problemática que requiere atención urgente.
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