Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde se reunieron con inconformes de CFE, Pemex y Banobras por tope a “pensiones doradas”

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la Consejera Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, se reunieron con pensionados de CFE, Pemex y Banobras, quienes han mostrado inconformidad con la reforma que topa las llamadas “pensiones doradas” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión se llevó a cabo por instrucciones de la mandataria con el objetivo de escuchar y encontrar un punto de diálogo con los demandantes para buscar darle solución a sus planteamientos.

La reforma impulsada desde el gobierno federal, ha generado manifestaciones, protestas y la conformación de grupos de jubilados que recurrieron tanto a amparos colectivos como individuales con el fin de salvaguardar sus ingresos, razón por la que se dio el encuentro con las altas funcionarias.

Así quedó la reforma a las “pensiones doradas”

El dictamen reformó el artículo 127 de la Constitución Política y establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos del gobierno federal no podrán superar la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo Federal.

Con base en las cifras actualizadas a 2026, eso se traduce en un tope de 67,145 pesos netos mensuales para los pensionados, considerando que el sueldo bruto de la presidenta es de 193,706 pesos y el neto de 134,290 pesos.

Las dependencias directamente afectadas son Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras, Banrural y NAFIN. El decreto fue aprobado en lo general con 458 votos y en lo particular con 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, tras desechar reservas presentadas por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC.

Quedan fuera de la medida las Fuerzas Armadas, las pensiones generadas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, las originadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva contemplada en el artículo 4° constitucional.

Esto menciona sobre el efecto de retroactividad

El régimen transitorio del decreto establece que todas las jubilaciones o pensiones concedidas antes de la entrada en vigor de la reforma -y que no estén excluidas por la fracción IV del artículo 127 constitucional- deberán someterse al nuevo límite sin excepción, incluso si permanecen vigentes.

No obstante, el texto también precisa que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional anterior se mantendrán en los términos en que fueron reconocidos. Las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones, a partir de la entrada en vigor, sí quedan sujetas al tope aprobado.

Las entidades públicas involucradas tendrán que revisar y, si corresponde, adecuar sus contratos, disposiciones y condiciones laborales que contemplen planes de pensiones. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas cuentan con un plazo máximo de 90 días naturales para revisar y ajustar el marco jurídico correspondiente.