Denuncian a policías federales por extraer datos y conversaciones de celulares en retenes de Culiacán

Vecinos de la zona norte de Culiacán acusaron este viernes a elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de haber extraído información personal de teléfonos celulares durante retenes arbitrarios, según un reporte de Debate.

Bajo este esquema, las autoridades habrían accedido incluso al historial de conversaciones eliminadas en aplicaciones de mensajería, lo que, según los denunciantes, habría constituido una violación directa al secreto de las comunicaciones.

¿Cómo operan los retenes denunciados?

De acuerdo con el medio, los agentes habría instalado diversos puntos de revisión en accesos y vialidades estratégicas de la zona norte de la ciudad para detener a personas bajo su propio criterio de “sospecha”, sin orden judicial ni justificación legal documentada.

Sin embargo, el dispositivo que presuntamente usaron los policías fue más allá de una revisión de galería o contactos. Según los denunciantes, el aparato recuperó el historial de conversaciones que el usuario ya había borrado en distintas plataformas de mensajería instantánea.

Las denuncias señalaron además que esa tecnología operó sin ningún respaldo legal, por lo que dichos retenes se repitieron de forma recurrente y ninguno contó con un procedimiento formal que los justificara ante la ley.

El marco legal que se habría vulnerado

El artículo 16 de la Constitución mexicana prohíbe a cualquier autoridad revisar los datos personales de un ciudadano sin una orden de juez competente. Eso incluye mensajes, historial de navegación y archivos almacenados en un teléfono celular.

Para acceder legalmente al contenido de un dispositivo, un juez debe emitir una resolución que especifique qué información puede revisarse, en qué periodo y con qué propósito. Sin ese documento, ningún agente tiene facultad legal para tocar el contenido de un celular.

A raíz de los hechos, los afectados presentaron denuncias formales ante las autoridades estatales y exigieron la apertura de carpetas de investigación que determinaran la procedencia y legalidad de los dispositivos de extracción. También pidieron que se estableciera la cadena de mando que autorizó su uso en los retenes.

El llamado se extendió a organismos defensores de derechos humanos, tanto locales como nacionales, a fin de documentar los testimonios y brindar acompañamiento legal a las víctimas.

Hasta el cierre de la cobertura de Debate, la SSPC no emitió ningún pronunciamiento sobre las acusaciones.

Sin embargo, la exigencia ciudadana se mantiene firme: que los operativos de seguridad se realizaran en estricto apego al marco legal y que ningún agente tuviera acceso al contenido de un celular sin la orden de un juez.