Maru Campos pidió a la FGR solicitar información al gobierno estatal por vías institucionales y no mediante comparecencias

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, presentó un documento durante su comparecencia de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el cual le pidió usar los mecanismos correspondientes para solicitar información a su administración sobre temas del estado, en lugar de citarla a declarar.

En el documento dirigido al agente de Ministerio Público, Julio César Jaimes Carmona, la mandataria estatal señaló que respondió al llamado a comparecer en tiempo y forma.

Sin embargo, especificó que no acudió a la cita para “rendir entrevista en calidad de testigo” ni para ser vinculada a ningún proceso de investigación, sino para solo reiterar su disposición a cooperar.

“Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación. Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial.

“Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”, se lee en el documento.

Mencionó que a esto se suma que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado.

No obstante, puntualizó que el mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos a gobernadores.

“Esa excepción no es una mera dispensa procesal de la carga de comparecer. Es una regla de competencia”, añadió.

En este sentido, acusó que el Ministerio Público carece de atribuciones para someter a los gobernadores “a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional.

“La excepción del artículo 90 del Código Nacional no protege a la persona, sino a la función. Por eso no depende de la calidad de testigo o de imputado, sino de la investidura y la función que se ostentan.

“El artículo 111 de la Constitución es el fundamento material directo de esa regla. La investidura del Ejecutivo estatal restringe cualquier imposición de actos de molestia personal por parte del Ministerio Público y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales mientras se ejerza el cargo o se levante la protección constitucional”, aseveró.

La mandataria subrayó que el Código Nacional no abandona ese principio ni siquiera en la etapa de juicio, donde existen reglas que eximen a los gobernadores de comparecer en términos ordinarios y prevén formas sustitutivas de declaración.

Si el sistema reserva un régimen específico para los gobernadores en la etapa de juicio, aseguró, con mayor razón debe operar en la fase de investigación.

Añadió que, en esta etapa, no existe juicio ni inmediación que tutelar, por lo que el diseño legal es incompatible con la diligencia pretendida por el citatorio.

Campos consideró que el citatorio es jurídicamente irregular y que la solicitud de entrevista no detalla los hechos ni la información requerida, lo que coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia preimputativa encubierta.

Advirtió que esto afecta tanto su esfera jurídica como las garantías institucionales del cargo que ostenta.

La gobernadora reiteró su disposición a colaborar con las autoridades federales, pero pidió que cualquier requerimiento se realice por la vía de la colaboración institucional y no mediante actos personales de investigación.

Ayer, Maru Campos compareció ante la FGR como testigo en la investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Morelos, Chihuahua.

Tras la diligencia, acusó un “autoritarismo disfrazado de justicia” al afirmar que el citatorio busca fabricarle un caso y vulnera su protección constitucional.

Campos señaló que existen diferencias en el trato respecto a otros funcionarios, como el gobernador de Sinaloa, y denunció uso político de las instituciones federales.

La mandataria enfrenta además un citatorio de la Fiscalía de la Ciudad de México y una solicitud de juicio político en el Congreso de Chihuahua presentada por legisladores de Morena.