Hombre de la comunidad LGBTQ+ se suicida en prisión de Coahuila, CNDH apunta omisión en prevención del caso y en las investigaciones

La víctima ya había manifestado no estar bien emocionalmente, sin embargo, no recibió atención psicológica a tiempo

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Un edificio gris de concreto de un Centro de Readaptación Social visto a través de una valla, con un círculo superpuesto que muestra una bandera arcoíris y un lazo negro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El suicidio de un hombre que pertenecía a la comunidad LGBTTTIQ+, en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 (CEFERESO 18), en Ramos Arizpe, Coahuila, ha puesto en evidencia omisiones por parte de las autoridades penitenciarias y de investigación del estado, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo de derechos humanos emitió la Recomendación 19/2026 tras constatar que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) no garantizó la atención psicológica especializada ni las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física de la víctima, quien durante su estancia presentó antecedentes de problemas en salud mental y episodios de ideación suicida.

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Cómo sucedieron los hechos, de acuerdo a la CNDH

La víctima fue una persona adulta joven, reconocida como parte de la comunidad LGBTTTIQ+. Ingresó al centro penitenciario el 28 de diciembre de 2020 con diagnóstico previo de bipolaridad e hiperactividad.

La CNDH reportó que a pesar de sus antecedentes y de haber manifestado pensamientos suicidas en varias ocasiones, el hombre solo fue valorado psicológicamente una vez en los más de dos años que permaneció en prisión.

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Su paso por el penal estuvo marcado por conflictos con otros internos, hechos que tampoco motivaron acciones de acompañamiento ni reforzaron la vigilancia de su estado emocional, lo que pudo haber sido un antecedente oportuno para su situación.

El 22 de febrero de 2023, la persona fue encontrada sin vida, hecho que reveló la falta de atención y la ausencia de medidas de protección individualizadas para personas en situación de riesgo dentro del penal.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH
Titular de la CNDH. Foto: FB/CNDH

La investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que la Fiscalía estatal tampoco actuó conforme a los estándares de debida diligencia. No indagó el caso bajo el enfoque de un posible ejercicio ilícito del servicio público ni profundizó en la reconstrucción de los hechos desde la perspectiva de los derechos humanos. Además, se identificaron deficiencias en el análisis del perfil de la víctima y la omisión de aspectos fundamentales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

CNDH emite recomendación al CEFERESO en Coahuila

Entre las medidas recomendadas, la Comisión solicitó al organismo penitenciario reparar el daño a las víctimas indirectas y brindarles apoyo psicológico y tanatológico. También planteó la necesidad de profesionalizar al personal del penal en la detección y atención oportuna de personas con riesgo suicida, así como de dar seguimiento efectivo a las investigaciones en curso.

A la Fiscalía estatal se le instruyó fortalecer la colaboración con la autoridad investigadora en el trámite de la denuncia administrativa presentada, y capacitar a los ministerios públicos en el uso del Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes bajo custodia.

Este caso subraya la urgencia de adoptar políticas efectivas de prevención y atención a la salud mental en el sistema penitenciario, así como de garantizar investigaciones rigurosas y con enfoque de derechos humanos ante la pérdida de vidas bajo responsabilidad del Estado.

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