Gobierno propone reformar ley electoral para detectar candidatos vinculados al narco, rumbo a las elecciones de 2027

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos de revisión sobre aspirantes a cargos públicos y evitar posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la funcionaria explicó que la propuesta será remitida primero a la Comisión Permanente del Congreso para su trámite legislativo.

Según detalló, la reforma pretende que los partidos políticos cuenten con herramientas para revisar perfiles de aspirantes antes de definir candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

La funcionaria agregó que el objetivo es “establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección de 2027”.

Proponen nueva comisión independiente del INE

Como parte central de la iniciativa, el gobierno federal propuso la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano independiente del Instituto Nacional Electoral, que estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para periodos de tres años.

La Consejería Jurídica señaló que el organismo serviría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y diversas autoridades federales de seguridad e inteligencia.

Entre las instituciones contempladas para las consultas se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Revisarían perfiles por “riesgo razonable”

De acuerdo con la Consejería Jurídica, los partidos políticos podrían entregar voluntariamente a la comisión los nombres de personas interesadas en competir por cargos públicos.

Posteriormente, las dependencias federales revisarían si existe información que permita identificar un “riesgo razonable” relacionado con presuntos vínculos delictivos.

Las autoridades no compartirían detalles de carpetas de investigación o expedientes específicos, sino únicamente alertas sobre posibles riesgos detectados. Después, la comisión comunicaría a los partidos si existe o no alguna observación sobre los perfiles consultados y señalaría qué instituciones emitieron la alerta correspondiente.

Con esa información, cada fuerza política determinaría si mantiene o rechaza la postulación de determinado aspirante.

La iniciativa también establece que los ciudadanos interesados en una candidatura deberán aceptar obligatoriamente ser evaluados por el nuevo mecanismo, aun cuando el partido político decida no solicitar formalmente la revisión.

Además, el proyecto señala que todo el procedimiento se desarrollaría bajo criterios de confidencialidad y reserva para evitar afectaciones al debido proceso y proteger las investigaciones abiertas por autoridades federales.