Crisis en Bolivia: México pide diálogo y rechaza injerencias externas ante bloqueos y protestas

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles en Washington, México llamó a resolver la crisis en Bolivia mediante el diálogo político y sin injerencias externas.

El representante permanente de México ante el organismo, Alejandro Encinas Rodríguez, fue categórico: “México hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo político, evitar toda forma de violencia y represión y a canalizar las demandas sociales a través de los mecanismos institucionales y democráticos”.

La postura mexicana dejó en claro que corresponde “exclusivamente al pueblo boliviano, a través de sus instituciones democráticas y sin injerencias externas, definir el rumbo de su vida política”, en un pronunciamiento que reafirma los principios históricos de política exterior de México: autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.

¿Qué está pasando en Bolivia?

La sesión de la OEA se convocó de urgencia ante una de las peores crisis políticas que enfrenta Bolivia en años. Las protestas comenzaron a principios de mayo de 2026 con movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores sindicales y campesinos, con demandas económicas como un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720.

Las protestas inicialmente partieron de la exigencia de derogar la Ley 1720, que impulsa la monetización de tierras comunitarias y afecta a pequeños productores, pero rápidamente derivaron en un cuestionamiento más amplio al gobierno. Hoy, la demanda central de los movilizados es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder.

Al momento de la sesión, los conflictos registraban 47 puntos de bloqueo y las protestas se extendían a seis de los nueve departamentos del país. Con casi todas las rutas de acceso cortadas, los mercados de La Paz registraron un incremento de precios en alimentos perecederos, mientras que los hospitales enfrentan problemas de suministro y el combustible escasea.

Bolivia lleva el caso a la OEA; el gobierno de Paz rechaza renunciar

El gobierno boliviano decidió internacionalizar el conflicto y el canciller Fernando Aramayo presentó una denuncia formal ante la OEA, describiendo las protestas como una embestida contra el sistema democrático y la estabilidad institucional.

A través de videoconferencia, Aramayo detalló los hechos de violencia registrados en La Paz, incluyendo enfrentamientos con la policía, ataques a instituciones públicas, estaciones de transporte y agresiones contra la ciudadanía.

Pese a la presión, el gobierno boliviano descartó cualquier posibilidad de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La comunidad internacional, dividida

La postura de México contrasta con la de otros países de la región. En un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— rechazaron toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del gobierno boliviano. También hubo pronunciamientos de la Casa Blanca, la Unión Europea y más de 30 expresidentes de América y España.

México, en cambio, optó por una posición de neutralidad activa: exigir paz y diálogo sin respaldar explícitamente a ninguna de las partes, fiel a su tradición diplomática de no intervención.

Encinas subrayó ante el organismo hemisférico que las acciones para resolver la crisis deben desarrollarse “en estricto apego al orden constitucional de Bolivia, al Estado de derecho y al pleno respeto de los derechos humanos”, y expresó el deseo de México de que “prevalezca la paz social, el pleno respeto a los derechos humanos y el diálogo constructivo y pacífico entre todos los actores”.