Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos ex servidores públicos por faltas administrativas graves

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Las resoluciones del órgano jurisdiccional derivaron en sanciones administrativas y económicas contra dos antiguos servidores públicos tras detectarse irregularidades en el manejo de fondos asignados a un contrato de seguridad durante 2015. (Infobae-Itzallana)
Las resoluciones del órgano jurisdiccional derivaron en sanciones administrativas y económicas contra dos antiguos servidores públicos tras detectarse irregularidades en el manejo de fondos asignados a un contrato de seguridad durante 2015. (Infobae-Itzallana)

Desviar más de 65 millones de dólares del erario público no quedó impune. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta 20 años a dos ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, luego de que investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acreditaron faltas administrativas graves en su contra.

Las sanciones incluyen además indemnizaciones económicas que ascienden a la misma cantidad desviada: más de 65 millones de dólares estadounidenses.

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¿Qué hicieron?

De acuerdo con el comunicado número 052 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los hechos se remontan a diciembre de 2015, cuando ambos funcionarios desviaron recursos destinados a cubrir obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

El dinero, de origen federal, nunca llegó a su destino.

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Las sanciones impuestas

El TFJA determinó las siguientes consecuencias para cada implicado:

  • Frida M., ex secretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica.
  • Damián C., ex titular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica.

Ambos quedan impedidos para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante ese periodo.

El caso no termina aquí

Los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las consecuencias legales para los implicados podrían escalar.

@BuenGobierno_mx
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Buen Gobierno advierte: la corrupción tiene precio

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que denunciar actos de corrupción es un derecho y un deber cívico para proteger los recursos públicos, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: sidec.buengobierno.gob.mx

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señala el comunicado oficial.

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