IMCO advierte que mayor fiscalización no se traduce en mejores prácticas de gasto en universidades

La ASF detectó 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades en el gasto de casi cien universidades públicas del país, según el análisis que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó esta semana sobre los resultados de la Cuenta Pública 2024. El hallazgo expone una paradoja: más auditorías no han derivado en mejores prácticas de ejercicio del presupuesto.

El IMCO revisó la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2024 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó en febrero de 2026. La ASF fiscalizó el ejercicio de 111 mil 557 millones de pesos, equivalente a 89% del total de recursos federales asignados a universidades estatales, tecnológicas, politécnicas, interculturales y de apoyo solidario, así como a institutos tecnológicos.

Las irregularidades crecen aunque aumentan las auditorías

A pesar de las observaciones y recomendaciones emitidas en revisiones anteriores, el monto con posibles irregularidades en universidades públicas estatales aumentó de $1,564 millones a mil 879 millones en el ejercicio 2024.

El IMCO atribuye este incremento a la permanencia de malas prácticas de gasto y a la falta de ajustes en los sistemas internos de las instituciones.

Las diez universidades con mayor monto por aclarar son autónomas. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo encabezan la lista.

La ASF también enfrenta limitaciones institucionales para dar seguimiento a sus propias recomendaciones y para recuperar los recursos federales observados.

De la revisión de la Cuenta Pública 2022 aún quedan 67.7 millones de pesos pendientes de aclarar por parte de las instituciones de educación superior.

Alta dependencia federal, el trasfondo del problema

Las instituciones analizadas concentran una matrícula de más de 2.3 millones de estudiantes, que representan casi 70% del total de educación superior en el país. En 30 de 35 universidades públicas estatales, más de la mitad de sus recursos provienen de la Federación.

Los casos más extremos son los de las universidades autónomas de Benito Juárez Oaxaca y de Yucatán, donde casi 90% del presupuesto total corresponde a fondos federales.

Esta dependencia, combinada con el crecimiento de pasivos financieros, el estancamiento de recursos ordinarios y la limitada aportación de los gobiernos estatales, configura un escenario en el que las fallas en el gasto tienen consecuencias directas sobre la calidad educativa.

Lo que el IMCO propone para frenar las fallas recurrentes

El instituto identifica tres líneas de acción para reducir las irregularidades:

• Mejorar los sistemas de nómina con bloqueos automáticos para evitar pagos irregulares, e integrarlos con tabuladores y bases de datos de estatus laboral para validar la vigencia de cada trabajador antes de procesar el pago.
• Digitalizar la documentación de contratación, de modo que ningún pago se procese sin constancia de cumplimiento del contrato. Esto incluye la obligatoriedad de actas digitales de entrega y recepción.
• Que la ASF dé seguimiento específico a las universidades públicas estatales para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las dos revisiones anteriores.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma para ampliar las capacidades de la ASF y obligar a los actores sancionados a reparar el daño.

El IMCO señala que la implementación de esa reforma determinará si la fiscalización logra, en adelante, un impacto real sobre el gasto público en educación superior.