
Durante meses, las señales aparecieron por separado: cambios extraños en expedientes judiciales, acuerdos de culpabilidad, un mismo abogado para varios integrantes de la familia Guzmán y una estructura criminal cada vez más debilitada. Ahora, un reporte de Los Angeles Times sobre presuntas conversaciones entre Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar con autoridades de Estados Unidos para una posible entrega negociada volvió a reunir todas esas piezas en un mismo rompecabezas.
El reporte, firmado por el periodista Keegan Hamilton, cita dos fuentes familiarizadas con los casos que aseguran que los líderes de la facción conocida como Los Chapitos han tenido contacto con el gobierno estadounidense durante al menos un año.
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Según esas fuentes, los hermanos estarían esperando conocer el desenlace judicial de sus medios hermanos —Ovidio y Joaquín Guzmán López— antes de tomar una decisión definitiva.
Pero ese reporte no surgió en el vacío. Durante meses, una serie de movimientos judiciales, decisiones legales y golpes al interior del cártel fueron construyendo el escenario. Estas son las claves principales.
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Jeffrey Lichtman como abogado de Los Chapitos prófugos

En julio de 2025, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar formalizaron la contratación de Jeffrey Lichtman como su representante legal en Estados Unidos. No era una elección fortuita: Lichtman ya representaba a sus medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, y al propio Joaquín “El Chapo” Guzmán desde su juicio en 2019.
La designación salió a la luz durante la audiencia de Ovidio Guzmán en un tribunal federal en Chicago el 11 de julio de ese año. El fiscal federal Andrew Erskine y la jueza Sharon Johnson Coleman discutieron los posibles conflictos de interés que implicaba que el mismo abogado defendiera simultáneamente a cuatro miembros de la misma familia. Ovidio aceptó la dinámica y dejó constancia ante la jueza.
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El periodista Arturo Ángel, quien estuvo presente en esa audiencia, explicó el significado de la maniobra en entrevista con W Radio: “Una de dos: o Iván y Jesús Alfredo ya no ven tan lejana la posibilidad de ser detenidos, o están pensando en una estrategia de entregarse. Están trabajando en su defensa”.
No parecía una contratación aislada. Era la construcción de una defensa conjunta para toda la dinastía Guzmán.
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Ovidio y Joaquín: el modelo que observan sus hermanos
Dos de los cuatro hijos de El Chapo ya están en custodia estadounidense y han negociado acuerdos de cooperación. Lo que consigan —o no consigan— en sus audiencias de sentencia es, según fuentes citadas por Los Angeles Times, lo que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían esperando antes de tomar una decisión.
En julio de 2024, Joaquín Guzmán López —de 39 años— llegó a un acuerdo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos. Su precio de entrada fue entregar a su propio padrino: Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a quien presuntamente secuestró y colocó en un avión con destino a Nuevo México, donde fue arrestado al aterrizar. A cambio, Joaquín negoció una sentencia mínima de diez años, según una transcripción de su audiencia de culpabilidad revisada por Los Angeles Times. Su audiencia de sentencia está programada para el 1 de junio de 2026.
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Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, siguió un camino similar. Detenido en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable de varios cargos en julio de 2025. Documentos judiciales confirmaron que también coopera con las autoridades estadounidenses. Su audiencia de sentencia está programada para el 27 de julio de 2026.
El especialista en seguridad José Luis Montenegro lo explicó en el noticiario de Azucena Uresti este martes: “No es fortuito que las audiencias se estén cambiando. Están esperando que se haga un acuerdo de culpabilidad laxo, que puedan llegar a un acuerdo de cinco, máximo diez años”.
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El periodista especializado en crimen organizado Óscar Balderas detalló en entrevista con el conductor Juan Pablo Pérez Días las tres condiciones que, a su juicio, estarían negociando Iván y Alfredo: una sentencia corta en una prisión de mediana seguridad —para evitar el destino de su padre, cadena perpetua en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado—, la posibilidad de conservar propiedades que les permitan mantener su estilo de vida, y la reubicación de su familia en Estados Unidos bajo identidad protegida. “Quedarse en México significaría un gran peligro. Estarían en manos de sus rivales”, dijo Balderas.
El papel de El Mayo Zambada

Mientras tanto, Ismael “El Mayo” Zambada aguarda en la misma cárcel federal de Brooklyn donde se encuentra recluido el exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Su audiencia de sentencia, originalmente programada para mayo de 2026, fue diferida al 20 de julio.
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Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de cofundar el Cártel de Sinaloa y traficar miles de toneladas de droga. En su comparecencia ante el tribunal federal en Brooklyn dijo que su negocio se sostenía en “pagar sobornos a comandantes policiales y militares y a políticos para que nos dejaran operar libremente”.
Enfrenta la posibilidad de ser enviado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde su exsocio El Chapo cumple cadena perpetua en aislamiento extremo desde 2019. Algunos han especulado que esa perspectiva podría llevarlo a cooperar con las autoridades y revelar información sobre Rocha Moya y otros funcionarios.
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Durante unas horas, Los Chapitos dejaron de ser prófugos en registros
Uno de los movimientos más llamativos ocurrió el 6 de abril de 2026 en la Corte del Distrito Norte de Illinois.

Ese día, la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar a la jueza Sharon Johnson Coleman, la misma que lleva los casos de Ovidio y Joaquín.
Horas después, el sistema judicial federal dejó de registrar a ambos como prófugos, como si ya estuvieran detenidos o en proceso de entrega.
Dos días más tarde, la corte corrigió el error y volvió a marcarlos como fugitivos. Pero la reasignación de los expedientes se mantuvo.
El periodista Arturo Ángel, quien revisó los documentos oficiales, interpretó el movimiento como una señal de preparación: el tribunal dejó lista la maquinaria para que, en cuanto Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar sean detenidos o se entreguen, comparezcan sin demoras ante la misma jueza que ya conoce los casos de su familia.
En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Embajada estadounidense en México relanzaron la ficha de búsqueda de Iván Archivaldo, con una recompensa de hasta 10,000,000 de dólares por información que conduzca a su captura. Montenegro señaló que ese movimiento tampoco fue fortuito: primero retiraron la búsqueda, luego la reanudaron, como si quisieran dar la impresión de que la persecución seguía activa.
“Estados Unidos está cerca de lograr la detención o entrega voluntaria de los líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván Guzmán Salazar, el pez gordo del Cártel de Sinaloa”, escribió Ángel en sus redes sociales.
Estructura criminal en colapso

La posible negociación ocurre en el momento más vulnerable de Los Chapitos desde que heredaron el control de una fracción del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre en 2016.
En menos de dos años, siete figuras del círculo de seguridad de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han caído.
El primero fue Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe máximo del aparato armado, detenido en noviembre de 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos. Tras él vino Fernando Pérez Medina, El Piyi, su sucesor, arrestado en septiembre de 2024. Juan Luis Castro Morales, El Gavilán, fue abatido en enero de 2025; según reportes de inteligencia citados por Milenio, Iván Archivaldo habría mantenido su cuerpo en un congelador improvisado para evitar deserciones internas.
En febrero de 2025 cayeron en cuestión de días dos operadores más: Kevin Alonso Gil Acosta, El 200, secretario personal de Iván Archivaldo, y Luis Alfonso López Reátiga, El Toner, detenido en un hospital privado de Culiacán mientras se recuperaba de una emboscada atribuida a sicarios de La Mayiza.
Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris, fue abatido el 23 de mayo de 2025 por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Navolato; antes de morir, habría intentado cambiar de bando y filtrar ubicaciones de operadores a sus rivales.
El último fue Óscar Noé Medina González, El Panu, jefe de seguridad con recompensa de 4,000,000 de dólares ofrecida por Estados Unidos. Lo asesinaron el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México, frente a su esposa, sus hijos y su madre, con quienes había acudido a misa esa misma tarde. Un sicario entró al restaurante Luaú con gorra y cubrebocas, disparó al menos doce veces y escapó en motocicleta hacia Paseo de la Reforma.
El fin de sus alianzas

Durante los últimos meses, Los Chapitos encontraron en el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) un aliado que amplificó su capacidad operativa y territorial en medio de la guerra con La Mayiza.
Esa alianza se sostenía en gran medida en la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador del CJNG, y en su segundo al mando, Audias Flores Silva, identificado públicamente como El Jardinero.
La muerte del líder de las cuatro letras y la captura de El Jardinero han, según especialistas, sido furos golpes para Los Chapitos, quienes perdieron contrapeso ante la familia Zambada, en guerra desde el 9 de septiembre de 2024.
La narcopolítica

Para algunos analistas, el valor actual de Los Chapitos para el gobierno de Estados Unidos no estaría únicamente en el narcotráfico, sino en la información que podrían aportar sobre redes de protección institucional y corrupción política.
El indictment contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, —acusado por el Distrito Sur de Nueva York de permitir que Los Chapitos operaran con impunidad a cambio de apoyo electoral en 2021— apunta en esa dirección.
La acusación describe cómo Iván Archivaldo Guzmán Salazar habría comandado a sus sicarios para intimidar candidatos rivales, robar boletas y amenazar votantes.
El fiscal en funciones Todd Blanche ha advertido que más cargos podrían venir pronto contra otros funcionarios mexicanos.
Si la entrega se concreta, Balderas la describe como un hecho sin precedente en la historia del narcotráfico, no solo de México sino del mundo: el cierre definitivo de la dinastía Guzmán.
“Estaríamos asistiendo al final de la dinastía de los Guzmán, que eso ya por sí mismo es histórico”, dijo Balderas.
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