La senadora del PAN Lilly Téllez encendió este miércoles la conversación política en redes sociales al publicar en su cuenta de X un mensaje contundente: “Hay un México de gente honesta y otro de narcopolíticos. El caso Rocha es la acusación político criminal de mayor alcance jamás presentada contra un gobierno mexicano en funciones.”
El tuit acompañó la difusión de un video en dónde da un discurso que Téllez dio ante el Lincoln Club de Orange County, California, donde describió el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como parte de lo que llamó una captura del Estado mexicano por parte del crimen organizado, y contrastó su situación con la de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
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El argumento opositor: dos gobernadores, dos tratos opuestos
En su intervención, Téllez planteó una comparación que el PAN ha repetido con insistencia esta semana: mientras Rocha Moya —indiciado por un tribunal federal de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— permanece libre en territorio mexicano, la gobernadora Maru Campos enfrenta amenazas de juicio político por haber desmantelado, en coordinación con autoridades estadounidenses, uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes hallados en México en años recientes.
El operativo en Chihuahua, realizado en abril, incluyó la participación de agentes de la CIA sin conocimiento previo del gobierno federal, lo que derivó en una dura respuesta de la presidenta Sheinbaum, quien acusó a Campos de actuar fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.
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El PAN va más lejos: piden desaparición de poderes en Sinaloa
En conferencia de prensa este miércoles, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya dijo:
“Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narco partido, en el brazo político de cárteles de la droga.”
El Grupo Parlamentario del PAN exigió formalmente cuatro acciones: la detención inmediata de Rocha Moya con fines de extradición, el inicio de un juicio político, la declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa, y que se investigue la presunta injerencia del crimen organizado en otros estados como Baja California Sur, Michoacán y Tamaulipas.
Anaya advirtió además que Rocha Moya “es apenas el primero de una larga lista” de funcionarios que caerían por los presuntos vínculos de Morena con el narcotráfico.
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La postura del gobierno: sin pruebas suficientes, no hay extradición
Frente a la ofensiva opositora, el gobierno federal ha mantenido una postura fija. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la solicitud de detención provisional presentada por Estados Unidos no cumplía con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1978, que exige elementos de prueba suficientes presentados por vía diplomática. México solicitó documentación adicional antes de proceder.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que ningún funcionario puede ser perseguido sin pruebas, y ha enmarcado la presión estadounidense como una forma de injerencia que vulnera la soberanía nacional.
Trump sube la presión: “Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos”
El contexto bilateral se tensó aún más este miércoles cuando el presidente Donald Trump advirtió desde la Casa Blanca que, si México no actúa contra el narcotráfico, Washington lo hará.
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“Si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, declaró el mandatario republicano, en medio de un escenario donde su gobierno ya ha desplegado fuerzas terrestres en operativos antidrogas y ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Trump ha elogiado públicamente su relación con Sheinbaum, pero no ha descartado la intervención en territorio mexicano, opción que el gobierno federal mexicano rechaza de forma categórica apelando a la soberanía.
Un caso que ya no es solo judicial
El caso Rocha Moya ha dejado de ser un expediente en un tribunal de Nueva York para convertirse en el epicentro de tres disputas simultáneas: la tensión México-Estados Unidos, el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, y el debate sobre dónde termina la cooperación bilateral y dónde comienza la injerencia.
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Por ahora, cada actor mantiene su trinchera. El PAN exige extradición. El gobierno federal exige pruebas. Y Trump exige resultados.
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