“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

El líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que empresas mineras operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a los trabajadores. Durante la 44 Convención Nacional del sindicato, celebrada ayer, el dirigente advierte que las acciones de estas empresas representan “una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”. Gómez Urrutia señala que estas prácticas afectan a yacimientos en varios estados y solicita la cancelación de concesiones y registros sindicales para proteger a los empleados y sus familias de riesgos graves, como amenazas de muerte.

A las denuncias en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas y operada por la firma Orla Mining, se agrega el involucramiento de otros consorcios del sector que habrían replicado este modelo. Gómez Urrutia afirma que al menos tres empresas de capital canadiense —Plata Panamericana en Zacatecas, Américas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero— operan con impunidad y recurren de manera sistemática a grupos armados. Estos grupos, indica, fuerzan la intervención en asambleas y condicionan las votaciones sindicales, forzando la deserción de los trabajadores del Sindicato Nacional Minero.

El dirigente expresa la gravedad del fenómeno, resaltando que Canadá concentra cerca de 70% de la inversión extranjera en la minería mexicana. Subraya que existe una tendencia al uso de “sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos”, los cuales, según describe, son operados o protegidos por organizaciones criminales para debilitar la representación auténtica de los sindicatos. Gómez Urrutia advierte que hay al menos tres empresas más involucradas que actúan “totalmente en la impunidad”.

En la convención nacional del gremio minero, Gómez Urrutia señala que el sindicato solicita formalmente a la Secretaría del Trabajo retirar la concesión minera a Orla Mining debido a las presuntas violaciones laborales y a su negativa de permitir a los trabajadores el ejercicio de sus derechos de libertad y democracia sindical. También exige el retiro del registro del sindicato patronal relacionado con esta operación, al considerar que los mecanismos de presión y amenazas constituyen un riesgo para la seguridad y vida de los empleados.

El diputado federal con licencia sostiene que dejar impune esta estrategia sentaría “un precedente muy negativo” e incentiva que otras empresas mineras recurran igualmente a la delincuencia organizada y sindicatos afines a las patronales para mantener el control laboral. El gremio pide que sean canceladas las concesiones y retirados los registros a estos grupos para detener la intromisión criminal y devolver a los trabajadores las garantías laborales establecidas en la ley.

Durante el encuentro, Gómez Urrutia reitera que el sindicato documenta más casos de agresiones, intromisiones en la vida sindical y “deserción forzada” impulsada por presión directa de la delincuencia organizada, a pedido o con la tolerancia de los consorcios mineros. Los trabajadores, asegura, han recibido amenazas de muerte y otros tipos de intimidaciones para obligarlos a votar en contra del sindicato independiente.

El dirigente indica que la presión creciente sobre el personal busca expulsar al Sindicato Nacional de Mineros de las minas más rentables del país y sustituirlo por agrupaciones sindicales controladas por los empleadores, a fin de debilitar la negociación colectiva y los derechos laborales. Gómez Urrutia reafirma que se busca intervención directa de la autoridad federal para frenar la escalada de violencia y devolver la normalidad a la vida sindical en el sector.

El sindicato prioriza, según dijo, la seguridad de los trabajadores y la restitución del marco legal, señalando que la presencia de organizaciones criminales en las operaciones mineras representa un peligro latente, no solo para el gremio sino también para las comunidades de las zonas de extracción. El líder minero sostiene que las autoridades laborales deben responder con la cancelación de concesiones y la expulsión de sindicatos patronales como única forma de garantizar la integridad y derechos del personal minero en el país.

• Denuncian empresas mineras que operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a trabajadores.
• Solicitan cancelar concesiones y retirar registros sindicales a compañías implicadas, como Orla Mining, Plata Panamericana, Américas Gold and Silver y Torex Gold.
• Afirman que Canadá controla cerca de 70% de la inversión minera extranjera en México y que la intimidación incluye amenazas de muerte al personal.