Extorsión en México aumenta 61.2% en una década: el país enfrenta reto creciente

Aunque algunos indicadores de violencia, como los homicidios dolosos, han mostrado una disminución en México, la extorsión sigue una ruta opuesta y mantiene una tendencia al alza.

Este delito, que afecta de manera directa a ciudadanos, comercios y comunidades enteras, se ha posicionado como una de las problemáticas más constantes y difíciles de visibilizar. Su alcance real permanece oculto debido a los altos niveles de no denuncia, pues se estima que entre 96 y 97% de los casos no llegan ante las autoridades, lo que complica entender su dimensión y diseñar respuestas efectivas, de acuerdo al cuadernillo “Extorsión en México”, presentado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Un delito en crecimiento con baja denuncia

Según el documento, entre 2015 y 2025 las carpetas de investigación por esta incidencia en el fuero común pasaron de 5 mil 803 a 9 mil 357 a nivel nacional, lo que representa un aumento acumulado de 61.2%. Tan solo en 2025, el incremento interanual fue de 4.5%, con una tasa de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

Esta tendencia convierte a la extorsión en el único delito de alto impacto que mantiene un crecimiento sostenido, incluso cuando otros ilícitos presentan reducciones. No obstante, las cifras oficiales reflejan solo una fracción del problema. Las encuestas nacionales de victimización, reflejan que más de 9 mil carpetas abiertas en 2025 representan apenas cerca del 3% de los casos reales.

Además, este fenómeno no es homogéneo. Existen modalidades oportunistas, como llamadas telefónicas sin contacto previo entre víctima y agresor, y otras sistemáticas, como el cobro de piso, que implica pagos periódicos bajo amenazas. Esta última variante resulta especialmente grave, ya que genera relaciones prolongadas de control en territorios donde la violencia regula actividades económicas.

Asimismo, las extorsiones telefónicas siguen siendo las más comunes en el país, ya que concentran el 84.1% de los casos, mientras que las presenciales representan 15.2%, aunque con mayor efectividad para obtener pagos. En el caso de las empresas, este ilícito fue el más frecuente en 2023, con una tasa de mil 562 eventos por cada 10 mil unidades económicas.

Impactos, riesgos y desafíos institucionales

El impacto en la economía mexicana es significativo. El costo promedio por evento alcanza 8 mil 967 pesos, pero el daño agregado es mucho mayor, especialmente para micro y pequeños negocios. A esto se suma el uso de armas de fuego en 40% de las extorsiones presenciales, lo que incrementa la coerción y genera efectos psicológicos como miedo constante, insomnio y estrés postraumático.

Otro obstáculo clave es la desconfianza hacia las instituciones. Muchas víctimas evitan denunciar por temor a represalias o por considerar que no recibirán protección. También influyen las limitaciones de los ministerios públicos para integrar adecuadamente los casos y llevarlos ante la justicia.

Frente a este panorama, durante 2025 se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y una nueva legislación en la materia, que incluye persecución de oficio, fortalecimiento de la denuncia anónima y creación de unidades especializadas. Sin embargo, especialistas advierten que los cambios legales no son suficientes.