Este martes, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a manos del gobierno estadounidense. Su respuesta fue escueta: “No tengo conocimiento.”
Ante la pregunta de si el retiro del documento estaría vinculado a las declaraciones recientes del embajador Ronald Johnson, la mandataria reiteró la misma postura: “No tenemos conocimiento.”
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Lo que reveló el <i>Los Angeles Times</i>
La pregunta no llegó en el vacío. El periodista de investigación Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times, reveló que Estados Unidos revocó en 2025 la visa de Rocha Moya —dato que hasta entonces no había trascendido públicamente.
La información surgió en el contexto de una visita del embajador Johnson a Los Mochis, donde participó en la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, una inversión de alrededor de mil millones de dólares. Lo que parecía una ceremonia de rutina terminó siendo una advertencia directa: Johnson señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y adelantó que pronto podrían verse “medidas significativas” en la materia.
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Para Fisher, el escenario no fue casual: “Lo hizo justo en Sinaloa, donde está el gobernador Rubén Rocha Moya.” El periodista destacó que el tono del diplomático resultó inusualmente directo para un embajador que además acaba de iniciar su gestión en México.
¿Cargos formales como siguiente paso?
Según fuentes consultadas por Fisher, la campaña anticorrupción de la administración Trump podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir cargos formales ante tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, sin descartar a integrantes del partido gobernante.
El periodista fue cauteloso en precisar que sus fuentes no le proporcionaron nombres ni fechas concretas, pero subrayó que le transmitieron que “esto sí va muy en serio” y que podría tener “un impacto muy importante”.
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Rocha Moya se suma así a una lista que, según el mismo diario, incluye a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco cuentan actualmente con visa para ingresar a territorio estadounidense.
El mapa se amplía
La revocación de la visa de Rocha Moya no es un dato aislado: forma parte de una presión sistemática y creciente desde Washington sobre funcionarios mexicanos con presuntos vínculos al crimen organizado. Que la presidenta afirme desconocerlo —siendo un dato publicado por uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos— es, en sí mismo, parte de la historia.
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