
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fijó su posicionamiento frente a la reforma judicial tras la presentación de una iniciativa para modificarla, al considerar que reconoce fallas importantes en el diseño original, pero aún mantiene riesgos para la independencia judicial.
En un comunicado, el Centro Prodh destacó que la propuesta identifica problemáticas clave señaladas por diversas voces, como la falta de requisitos suficientes para evaluar de manera objetiva a las personas candidatas y los riesgos institucionales derivados de empatar la elección judicial con procesos políticos, lo que podría derivar en una justicia politizada.
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Cambios propuestos en la SCJN
La iniciativa plantea tres modificaciones centrales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
- Nuevo funcionamiento: dejaría de operar únicamente en Pleno para dividirse en dos secciones, similares a las antiguas Salas.
- Integración híbrida: propone que esté conformada por cinco integrantes de carrera judicial y cuatro perfiles externos.
- Sistema de precedentes: se plantea regresar a la jurisprudencia obligatoria por tesis, en lugar de basarse en sentencias completas.
Ajustes en perfiles y evaluación judicial
Uno de los ejes principales de la iniciativa es corregir deficiencias en los perfiles judiciales. En este sentido, el Centro Prodh subrayó tres aspectos:
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- Capacidades: se eliminan requisitos formales y se sustituyen por una certificación de competencias a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial, lo que centraliza la evaluación.
- Experiencia: se retoma la relevancia de la carrera judicial y se establecen años mínimos de ejercicio profesional para aspirar a cargos como la SCJN, magistraturas y juzgados.
- Independencia: se amplían restricciones, como no haber ocupado cargos públicos municipales ni posiciones en partidos políticos el año previo a la convocatoria.
Cambios en el proceso electoral judicial
La propuesta también modifica el proceso de evaluación, postulación y elección:
- Se eliminan los comités de evaluación de los tres poderes y se crea un Comité Único de Evaluación.
- Se otorga mayor responsabilidad al Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización del proceso, con el objetivo de “despolitizar” la elección judicial.
- Se plantea separar la elección judicial de otros comicios y posponerla hasta 2028, una preocupación previamente señalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Se reduce el número de candidaturas para la SCJN y el Tribunal Electoral.
Llamado a priorizar la independencia judicial
A pesar de reconocer avances, el Centro Prodh advirtió que la iniciativa no corrige todas las deficiencias de la reforma judicial, ya que mantiene el esquema de elección judicial, ampliamente cuestionado por sus posibles efectos sobre la independencia judicial.
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En este contexto, la organización consideró positivo que se abra un diálogo público en el Senado, pero llamó a todas las fuerzas políticas a no dejar de lado una discusión de fondo.
Finalmente, insistió en que para garantizar la justicia en México es indispensable fortalecer la independencia del Poder Judicial, reducir su control político y poner atención en las fiscalías, a las que calificó como la raíz principal de la impunidad en el país.
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