Papás de los 43 rechazan criminalización tras presunto hallazgo de explosivos, piden a FGR retomar líneas clave de investigación

El Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) una reunión para abordar avances en la investigación del caso y demandó a la Fiscalía General de la República que retome las líneas de investigación abandonadas desde 2024.

Las familias rechazan la criminalización de su movimiento tras recientes protestas y niegan cualquier vínculo con presuntos hallazgos de explosivos.

En un escrito difundido con acompañamiento de la organización Red TDT, las madres y padres advirtieron que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ofreció avanzar en las indagatorias usando inteligencia y tecnología, pero no se ha informado si las líneas de investigación impulsadas anteriormente continúan o fueron abandonadas.

El Comité plantea que la tecnología debe ser un instrumento, pero no sustituye la necesidad de esclarecer lo que ocurrió con los normalistas.

Exigen investigación sobre archivos militares y extradiciones pendientes

Las familias destacan que existen 33 documentos CERFIS en poder de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que contienen información sobre el paradero de los estudiantes, con énfasis en la barandilla municipal, la Colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan como sitios clave señalados en interceptaciones de comunicaciones militares.

Asimismo, solicitaron que se integre una comisión con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA, para analizar de manera exhaustiva estos folios y aportar datos relevantes que puedan ser judicializados.

Pidieron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar la extradición de Tomás Zeron de Lucio y José Ulises Bernabé, exfuncionarios prófugos señalados por tortura, alteración de pruebas y posible conocimiento sobre el destino de los estudiantes.

El Comité solicita que la extradición de ambos exservidores públicos sea un tema central en el diálogo bilateral con Estados Unidos, y no se subordine a la agenda económica o migratoria.

Familias niegan vínculo con grupos y denuncian estigmatización

Las madres y padres rechazan la criminalización del movimiento y denuncian que han sido señalados de pertenecer a la ultraderecha, así como acusados de vandalismo y violencia.

“Somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, puntalizaron.

Sostienen que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de donde provenían los estudiantes, mantiene una organización estudiantil con pensamiento marxista, enfocada en la construcción de una sociedad más justa, y que la represión histórica contra el movimiento ha dejado 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que permanecen sin investigar ni sancionar.

El Comité pide que no se abran investigaciones penales ni contra los padres ni contra los estudiantes por las recientes protestas, insistiendo en que sus demandas son legítimas y buscan verdad y justicia.