El Partido Acción Nacional (PAN) escaló el escándalo en torno al uso de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido con una doble ofensiva legal. El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó el 20 de abril de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena.
La acción penal apunta a conductas que podrían constituir los delitos de:
- Ejercicio ilícito del servicio público
- Abuso de autoridad
- Peculado
- Encubrimiento
De manera paralela, el partido blanquiazul también interpuso una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por posibles faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
El detonante: el hijo de Ebrard vivió en la embajada
El caso cobró notoriedad a partir de una investigación periodística que reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del entonces canciller, habitó la residencia oficial de la embajada mexicana en Belgrave Square, Londres —una de las zonas más exclusivas de la capital británica— durante aproximadamente seis meses, entre octubre de 2021 y abril de 2022.
Durante ese periodo, el joven —quien realizaba estudios de maestría— habría disfrutado no solo del alojamiento, sino también de servicios completos a cargo del personal diplomático: limpieza, lavandería y una cocinera asignada. Rentar un espacio comparable en esa zona costaría entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos mensuales.
El propio Ebrard Casaubon confirmó la estancia de su hijo durante la conferencia matutina del 16 de abril, atribuyéndola a una invitación espontánea de la entonces embajadora González Blanco. La exfuncionaria, por su parte, no ofreció mayores explicaciones.
Qué le pidió el PAN a la FGR
El comunicado emitido por la bancada panista detalla que solicitaron a la Fiscalía una serie de acciones concretas para avanzar en la investigación:
- La comparecencia de todos los involucrados
- El requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores
- La obtención de bitácoras y registros administrativos de la embajada en Londres
Un inmueble del Estado, no una residencia privada
Las denuncias se sustentan en que la residencia diplomática es un inmueble destinado exclusivamente a funciones oficiales del Estado mexicano, por lo que su uso para alojar a particulares representaría una violación a la normativa que regula el ejercicio del servicio público.
El caso abre un capítulo de rendición de cuentas que involucra directamente a dos figuras que ejercieron cargos de alto nivel durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y cuya resolución quedará ahora en manos de la Fiscalía y de la Secretaría Anticorrupción.
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