La iniciativa de Ley de Rentas Justas que el Gobierno de la Ciudad de México espera enviar al Congreso local en los próximos días surge en un momento determinante. A pocos meses del Mundial 2026, la presión sobre el mercado inmobiliario podría incrementarse ante el crecimiento de alojamientos de corta estancia y la escasez de opciones accesibles para la población.
En este escenario, especialistas señalaron que el debate no es reciente, sino que responde a una problemática que se ha venido acumulando desde hace años. La proximidad del evento deportivo funciona como un detonante que hace más visibles las tensiones ya existentes en torno al acceso a la vivienda en la capital.
Para la Mtra. Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, indicó que la propuesta representa un paso importante para contener la situación, aunque tiene sus limitantes frente a la complejidad del problema.
“La ley no va a solucionar la crisis porque es muy compleja y requiere muchas más acciones, pero sí puede mitigarla en alguna medida”, señaló.
Asequibilidad y equilibrio pendiente en las viviendas de CDMX
Uno de los puntos centrales de la norma presentada es priorizar que los pobladores tengan un acceso a la vivienda digna, especialmente en un contexto donde actividades de gran magnitud pueden influir en el comportamiento de los costos.
La especialista consideró favorable que estas medidas se planteen antes de que los efectos de la Copa del Mundo se intensifiquen, aunque señaló que debieron implementarse con mayor anticipación.
Asimismo, subrayó la importancia de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, ya que el marco legal actual tiende a beneficiar a los primeros.
“El Código Civil no tiene garantías tan fuertes para los arrendatarios como sí para los arrendadores”, apuntó.
En este sentido, establecer límites en precios y condiciones contractuales podría ayudar a contener fenómenos como la gentrificación, siempre y cuando exista una adecuada supervisión.
Faltan datos y políticas complementarias
Pese a los posibles beneficios, la académica advirtió sobre la carencia de información oficial que permita dimensionar el alcance del problema habitacional. En particular, destacó la falta de datos sobre desplazamientos y sus consecuencias en sectores vulnerables.
“No sabemos cuántas infancias han sido desplazadas ni cómo se afecta su derecho a la vivienda o a la educación” manifestó.
Por otro lado, enfatizó que la regulación no será suficiente sin estrategias públicas adicionales que atiendan las causas estructurales. Entre ellas, mencionó la necesidad de generar alternativas de alojamiento para personas desalojadas y replantear la visión de la vivienda más allá de un bien comercial.
“Gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos es por creer que la vivienda es un bien para lucrar. La realidad es que es un derecho que satisface una necesidad básica”, subrayó.
Advirtió que el verdadero desafío será evitar que el Mundial 2026 agrave una situación que la ciudad ha arrastrado durante años.
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