La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el miércoles se iniciaron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, derivadas de la localización de personas sin vida en distintos puntos de la entidad, además de la apertura de expedientes por desapariciones y robos de vehículos registrados en la misma jornada.
En materia de homicidios, las investigaciones se originaron a partir de hallazgos en la región centro del estado, con casos ubicados en Culiacán y en el municipio de El Rosario. Las víctimas fueron localizadas en diferentes puntos urbanos y rurales, lo que derivó en la intervención de distintas unidades ministeriales.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió cinco denuncias por personas no localizadas el mismo miércoles, todas concentradas en la zona centro del estado, mientras que la Unidad Especializada en Robo de Vehículos registró ocho reportes por la sustracción de automóviles.
En el mismo periodo, la autoridad ministerial también informó sobre avances en distintos procesos judiciales y operativos realizados en otras regiones de Sinaloa, relacionados con delitos de alto impacto.
Algunos casos resueltos ayer en el estado
En Angostura, un juez vinculó a proceso a Teresita “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, tras hechos ocurridos en noviembre de 2025 en la localidad de La Reforma, donde la víctima habría sido agredida con un arma punzocortante.
En Salvador Alvarado, un tribunal dictó sentencia condenatoria de 26 años y 8 meses de prisión contra Fernando “N”, declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa, además de imponer sanciones económicas por multa y reparación del daño, derivadas de hechos registrados en diciembre de 2024.
En ese mismo municipio, la Unidad Especializada Antisecuestros realizó un operativo en la ciudad de Guamúchil que permitió el rescate de una víctima de secuestro y la detención en flagrancia de Yovani Alexis “N”, señalado como probable responsable. La víctima permaneció siete días privada de la libertad y se exigía un rescate de cinco millones de pesos, sin que se realizara ningún pago.
Tras su liberación, la persona fue valorada médicamente y entregada a sus familiares, mientras el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.
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