El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, luego de acusarlo de usar una fachada de activista para colaborar con el Cártel del Noreste.
El gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), acusó que Ramos habría liderado durante más de una década una campaña de desinformación para proteger la imagen pública del grupo criminal, presentar denuncias falsas contra el Ejército mexicano, pagar a personas para que participaran en protestas y defender únicamente a miembros violentos del cártel.
La autoridad estadounidense lo describió como “empleado” del Cártel del Noreste, señalando que su objetivo era desacreditar las acciones de las autoridades mexicanas y mejorar la percepción pública de la organización delictiva.
Raymundo Ramos rechaza las acusaciones y señala hostigamiento
En entrevista con Javier Risco en Radio Fórmula, Raymundo Ramos afirmó que su trabajo no está sujeto a la aprobación de ningún gobierno y que las acusaciones emitidas por Estados Unidos son incompletas y erróneas.
“Mi obra de 30 años de defensor de derechos humanos no está sujeta a la aprobación de ningún gobierno, ni de México ni de Estados Unidos, porque nosotros nos debemos a las víctimas”, dijo Ramos. El activista sostuvo que sus denuncias han estado fundamentadas en pruebas, presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales como la ONU.
Ramos aseguró que desde 2010 ha sido víctima de campañas de desprestigio por su defensa de víctimas de fuerzas armadas. Recordó casos como el de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, la desaparición forzada de Humberto del Bosque Gutiérrez y la ejecución de 52 personas durante un operativo de la Marina en 2018.
Detalló que sus denuncias han derivado en sentencias firmes y procesos judiciales en contra de marinos y militares. “Alguien no quiere que sigamos haciendo juicios y ese alguien se llama Fuerzas Armadas de México”, sostuvo Ramos.
El activista señaló que las acusaciones de Estados Unidos podrían tener origen en información de exfuncionarios mexicanos, como el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el almirante Marco Antonio Ortega Siu, quienes habrían promovido operativos cuestionados y gozarían de protección oficial.
Ramos advirtió que etiquetarlo como colaborador de un grupo criminal lo pone en riesgo frente a grupos rivales y señaló: “Lo único que hacen al etiquetarme con un grupo criminal es justificar que cualquier otro grupo criminal, cualquier persona que quiera atentar contra mi vida, lo pueda hacer”.
Ramos explicó que su visa estadounidense fue cancelada hace años por gestiones del exgobernador García Cabeza de Vaca, quien también promovió la apertura de una carpeta de investigación en México en su contra y filtró información a medios. Dijo que no posee inversiones, cuentas ni relación con los otros sancionados, y que toda su labor es transparente y pública. “Nunca hemos hecho actos de violencia. Las manifestaciones regularmente son de día, visibles y no ocultamos nada”, afirmó.
El defensor destacó que no ha cambiado su rutina y sigue atendiendo víctimas en la oficina del Comité de Derechos Humanos. Reiteró que no piensa dejar su labor, que no tiene escoltas y que solo cuenta con medidas de protección del mecanismo federal. “Tampoco pienso suicidarme ni consumo drogas, por aquello de que quieran hacer otro tipo de actuación en mi contra”, declaró.
El activista enfatizó que serán las víctimas quienes den el veredicto final sobre su trabajo y agradeció el respaldo recibido de periodistas y organizaciones civiles. “Este juicio es un juicio mediático, que está muy desproporcionado, porque yo, como defensor de derechos humanos, enfrento no solamente a un área de Estados Unidos, sino todo un gobierno, y eso es una lucha muy desigual”, dijo.
¿Quién es Raymundo Ramos?
En 2023, Raymundo Ramos denunció junto con periodistas y organizaciones nacionales e internacionales el espionaje realizado con el software Pegasus por parte del Ejército mexicano.
El laboratorio Citizen Lab confirmó que el teléfono de Ramos fue intervenido varias veces entre agosto y septiembre de 2020; el colectivo Guacamaya reveló que la operación se realizó desde el Centro Militar de Inteligencia. Organizaciones como Artículo 19 advirtieron sobre la ilegalidad de estas prácticas sin autorización judicial.
Entre los casos más notorios que ha documentado Ramos está la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo en 2018, las 52 desapariciones durante el operativo de la Marina en Nuevo Laredo ese año, la desaparición forzada de Humberto del Bosque en 2013, el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar en 2010 y la muerte de Lidia Iris Fuentes Galván, niña de ocho años, víctima de un enfrentamiento en 2024.
El trabajo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que encabeza Ramos, ha sido reconocido y cuestionado tanto en México como a nivel internacional.
Desde 2013, Ramos cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Otros sancionados por el Departamento del Tesoro
La acción de la OFAC alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” y de Ismael “El Mayo” Zambada, acusado de servir como intermediario entre líderes criminales y facilitar la operación del Cártel del Noreste desde prisión.
También fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez “Crosty”, señalado como responsable del tráfico de personas para el mismo cártel en Nuevo Laredo.
Las sanciones incluyeron a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de CV (CAMSA), así como a los casinos Centenario (Nuevo Laredo) y Diamante (Tampico y sitio de apuestas).
El Departamento del Tesoro advirtió que estas medidas no solo aplican al congelamiento de bienes y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, sino que también pueden extenderse a cualquier entidad en la que las personas sancionadas tengan al menos 50 por ciento de propiedad. Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas con los sancionados podrían ser objeto de sanciones adicionales por parte de las autoridades estadounidenses.
Cabe apuntar que el Cártel del Noreste fue designado por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025.
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