Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Hace unos días se publicó una amplia investigación que llevó tres años en documentar: Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, que refleja uno de los principales problemas que se vive en todo el país donde secuestran a personas vulnerables, quienes son sometidos a las más crueles prácticas de deshumanización, violación, amenazas a sus familias y la muerte, ya que muchos son asesinados al intentar escapar o exigir el pago que les prometieron.

El reportaje investigado y gestionado por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff de Quinto Elemento Lab, muestra diversas entrevistas con varias personas que fueron rescatadas o lograron escapar tras años de trabajar en lo más alejado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

En entrevista con Infobae México, Marcela y Eliezer detallaron ampliamente los motivos del reportaje. En este periodo apenas les daban de comer lo básico para sobrevivir sin pago alguno e incluso los presionaban para consumir drogas y trabajar cerca de 20 horas todos los días. Se aseaban con una barra de jabón para 15 personas dos veces al mes y los castigos si se quejaban eran prácticas de tortura infrahumanas.

A principios de julio de 2019, posteriormente tres personas lograron escapar y dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130 mil personas, el 95 por ciento ocurrido en las últimas dos décadas.

Margarito Guerrero fue llevado con engaños en los años ochenta al rancho El Búfalo en Chihuahua, una plantación de marihuana de más de 500 hectáreas atribuida en el texto a Rafael Caro Quintero, y esa experiencia marcó décadas después la forma en que entendió la desaparición de su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Proceso, en ese rancho trabajaban unos 12 mil jornaleros y la operación funcionó durante tres años. El texto describe una división precisa de tareas: siembra, selección de ramas, empaque y vigilancia armada para impedir fugas.

Margarito Guerrero era originario de Omeapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero. Hombres que llegaron a su pueblo le ofrecieron trabajo en la pizca de manzana con buena paga y él abordó un autobús hacia el norte del país.

A mediados de los años ochenta llegó a una planicie del municipio de Allende, cerca del poblado El Búfalo, en Chihuahua. En lugar de manzanos encontró una extensión preparada para cultivar marihuana.

El rancho funcionaba con encierro, castigos y trabajo sin salario

El texto señala que las jornadas empezaban a las 07:00 horas y podían extenderse hasta las 04:00 del día siguiente. Los trabajadores dormían en bodegas y, durante el mes y medio que Margarito estuvo ahí, no recibió pago.

Los “mayordomos”, hombres armados, vigilaban que nadie escapara. Si alguien intentaba salir, era castigado, aunque sí les daban comida.

“Mataban muchas vacas”, recordó Margarito al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El texto indica que contó por primera vez lo vivido después de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga escribe que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y rancherías cercanas eran reclutados para sembrar amapola en el Triángulo Dorado mediante anuncios en camiones de redilas que ofrecían empleo para la “pizca de la manzana”.

Astorga añade en su libro que a esos “pizcadores de droga” se les ofrecían sueldos muy por arriba de los del trabajo agrícola tradicional. La paga era tan alta que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, según cita el texto.

El texto también ubica otros patrones regionales. En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas y los cárteles tomaban pueblos enteros para obligarlos a sembrar la flor, aunque a esos cultivadores sí les pagaban.

En Chihuahua, sobre todo en rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres y niños se alistaban para la temporada de amapola. Eran contratados para rayar el bulbo de la flor y extraer la goma que después se transformaría en heroína, y esa labor también era pagada.

Pobladores de campamentos de reclutados suelen estar coludidos

El reclutamiento forzado del narco se sostiene desde hace décadas sobre redes de trabajo temporal y sobre la dependencia económica de poblados cercanos a los campamentos, explicó Eliezer Budasoff. Esa combinación ayuda a entender por qué las personas secuestradas que intentan escapar suelen ser devueltas o detectadas antes de salir de la zona.

Budasoff dijo a Infobae México que una de las claves de la investigación fue acceder a testimonios que casi nunca se consiguen, porque aunque se conoce la existencia de campamentos de trabajo del narcotráfico, no se sabe con precisión qué ocurre dentro. Según el periodista, esos relatos permitieron profundizar en la facilidad con la que los grupos criminales captan mano de obra.

El narco aprovecha una cultura de trabajo temporal en varias regiones

De acuerdo con Budasoff el reclutamiento se monta sobre una cultura de trabajo temporal que no existe solo en Chihuahua, sino en otros estados del país. Se trata, dijo, de personas que no encuentran otra oportunidad laboral y pasan meses desplazándose entre cosechas, de la pizca de manzana a la nuez y de la nuez al tomate en Sinaloa.

El periodista señaló que en muchos rincones de México opera un código comunitario alrededor de ese tipo de trabajo, y que el narco se aprovecha de esa lógica para quebrarla. Esa estructura, agregó, vuelve más sencillo atraer y someter a quienes ya viven en condiciones de precariedad.

Los poblados cercanos dependen del narco para subsistir

Budasoff afirmó que también hay un factor geográfico: los campamentos se ubican en sitios donde los pequeños poblados cercanos dependen casi por completo del narco para su subsistencia. Según su explicación, esas comunidades proveen materiales y alimentos, lo que refuerza la vigilancia sobre quienes buscan huir.

El periodista detalló que las historias de sobrevivientes muestran dos rutas frecuentes de captura tras un intento de escape. Una ocurre cuando las víctimas se topan con otros campos de trabajo forzado en la zona, vinculados entre sí y asociados a una misma familia; la otra, cuando llegan a la población más cercana y ahí son identificadas.

Budasoff recordó una idea planteada por Marcela Turati en una entrevista para su podcast El hilo: las personas de esas comunidades tampoco tienen muchas opciones. A partir de eso, sostuvo que una de las partes más duras del reportaje es ver cómo todos saben qué sucede en esos lugares y cómo, en los niveles más bajos de la economía criminal, las fronteras entre víctimas y victimarios se diluyen.

¿Por sustitución de amapola y marihuana por drogas sintéticas disminuirá el reclutamiento forzado?

El reclutamiento forzado por parte del narco no disminuiría de forma automática si baja el consumo de drogas sintéticas y sube el de amapola o marihuana, porque las organizaciones criminales ajustan sus negocios para mantener ganancias y recortan costos cuando un mercado deja de ser rentable, según explicaron los periodistas Eliezer y Marcela Turati a partir de su reportaje sobre personas obligadas a trabajar para estos grupos.

El punto de quiebre que describen está en la economía criminal: desde 2016, con la entrada del fentanilo, el precio de la goma de opio cayó en picada y en una década registró una baja de 90%, dijo Eliezer al explicar una tesis del investigador Luis Astorga. Según esa lectura, los grupos no abandonan un negocio aunque pierda valor; buscan que siga dejando dinero a partir de la reducción de costos.

Esa reducción, de acuerdo con Eliezer, incluye esquemas de esclavización y trabajo forzado. La lógica no es sustituir una droga por otra y desactivar la violencia de reclutamiento, sino hacer rendir cualquier actividad ilícita en una coyuntura de mercado adversa.

El abandono estatal aparece como la base del reclutamiento

El reportaje citado por Eliezer y Turati ubica el reclutamiento en territorios donde la ausencia del Estado ya era previa. Según Eliezer, los criminales no captan personas en cualquier sitio, sino en poblaciones “abandonadas por el Estado”, donde la marginación ya había dejado a sus habitantes fuera de la protección institucional.

Para sostener esa afirmación, Eliezer relató que las reporteras pudieron recorrer calles de Vista Cerro Grande y localizar con facilidad tanto a víctimas como a victimarios, incluso dentro de la misma colonia. Según su testimonio, si dos periodistas lograron identificar dónde operan y dónde levantan personas, las autoridades también podrían hacerlo si realmente estuvieran mirando.

Marcela Turati detalló que el perfil de las personas a las que se llevan incluye migrantes, jóvenes sin empleo, jornaleros agrícolas en tránsito y personas con deudas relacionadas con adicciones. También dijo que, en algunos casos, esas adicciones son provocadas por los mismos grupos que después exigen el pago de una deuda y usan esa condición para someter a las víctimas.

La respuesta a la pregunta de si el reclutamiento bajaría con un regreso a mercados como la amapola o la marihuana, según lo expuesto por ambos periodistas, es negativa si persisten las mismas condiciones de explotación, pobreza y omisión oficial. Mientras exista una población disponible por desempleo, deuda, movilidad forzada o abandono institucional, las redes criminales conservarían una fuente de mano de obra coaccionada.

Las organizaciones criminales cambian de negocio, pero no dejan de captar personas

Marcela Turati definió a estos grupos como “empresas criminales” que buscan maximizar ganancias y minimizar costos. Bajo esa lógica, explicó que el reclutamiento forzado no se limita al sicariato, sino que forma parte de una división de tareas más amplia dentro de la estructura del crimen organizado.

Según Turati, cuando necesitan pelear territorios citan a jóvenes en centrales de autobuses y se los llevan por la fuerza. También señaló que otros reportajes han documentado la captación de estudiantes de química para procesos técnicos, mientras que su trabajo se concentró en otra rama: personas forzadas a laborar en condiciones de esclavitud.

Esa descripción apunta a un fenómeno más amplio que la sola producción de una droga. Si una organización se fragmenta, el incentivo para retener rentas y abaratar operaciones puede mantenerse en células más pequeñas, siempre que conserven acceso a víctimas vulnerables y tolerancia de autoridades locales, según lo planteado por Turati al hablar de responsabilidad “por omisión, por complicidad o por participación”.

La periodista añadió que familias de personas desaparecidas de distintas partes del país les han hecho saber que ya habían denunciado que sus hijos estaban siendo obligados a trabajar y que las autoridades no actuaron. Para Turati, ese patrón vuelve el caso una pista concreta sobre dónde podrían estar algunas personas desaparecidas.

Marcela Turati también cuestionó la eficacia de las intervenciones públicas en esas colonias. Dijo que personas encargadas de programas sociales que llegan a esos lugares les habían reconocido que ninguna intervención había funcionado y que muchas medidas eran apenas “cosméticas”, como entregar una despensa o una beca sin ofrecer empleo estable.

Su conclusión fue que el Estado compite con desventaja frente al narco cuando no garantiza trabajo. Según Turati, lo que se necesita es una política laboral capaz de ofrecer ingresos sostenidos, porque el reclutamiento forzado se alimenta de personas que buscaban empleo con urgencia para mantener a su familia o saldar una deuda.