El Observatorio Permanente de Integridad Electoral advierte sobre la brevedad de los plazos y la falta de transparencia en la selección de quienes ocuparán las tres consejerías vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado, el organismo afirmó que sigue de cerca el proceso iniciado tras la vacante generada el 4 de abril pasado, subrayando que la legitimidad del resultado depende de que el procedimiento sea público y documentado en cada una de sus etapas.
Señaló que el Comité Técnico de Evaluación y la Cámara de Diputaciones deben publicar los curriculum vitae en versiones públicas, las manifestaciones de intención y los ensayos de las personas aspirantes.
Aseveró que esta información debe estar disponible para su consulta junto con las calificaciones de la tercera fase de evaluación y las entrevistas subsecuentes.
“La transparencia no es un accesorio del proceso, pues de ella depende la validez y legitimidad del mismo”, puntualizó.
El OPINE sostuvo que la integración de las quintetas debe hacerse a partir de perfiles con trayectoria sólida en temas electorales, experiencia comprobada y desempeño íntegro, apegados a los principios rectores de la función electoral.
“Solo así el CTE habrá cumplido la función para la que fue concebido”, agregó en el documento.
El Observatorio alertó que los plazos previstos en la convocatoria son insuficientes para un análisis y deliberación rigurosa sobre la idoneidad, capacidad y experiencia de cada participante. Argumenta que acortar los tiempos compromete tanto la calidad del escrutinio como la confianza ciudadana en los resultados.
El OPINE también pide que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantice el derecho de acceso a la justicia para todas las personas que presenten inconformidades, sin importar la fase del proceso.
Consideró que negar este acceso por la disolución del CTE sería incompatible con el estado de derecho electoral.
El Observatorio recordó que la convocatoria obliga a cumplir principios de legalidad, máxima publicidad, parlamento abierto, imparcialidad, participación ciudadana y paridad de género.
“El cumplimiento de estos principios no es potestativo: constituye la medida con que habrá de juzgarse la legitimidad de todo el proceso y de sus resultados”.
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