México, entre los países más peligrosos para ambientalistas: enfrentan amenazas, ataques y asesinatos

La violencia contra defensores ambientales en México se mantiene como un fenómeno persistente en distintas regiones del país, de acuerdo con registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la organización Global Witness y reportes periodísticos basados en información de organismos civiles.

El Cemda documenta que la mayoría de los ataques contra personas defensoras del medio ambiente ocurre en contextos de disputa por recursos naturales, donde el crimen organizado participa en actividades como la tala ilegal, la minería y el control de tierras. En estos territorios, las denuncias sobre daños ambientales suelen traducirse en amenazas o agresiones directas, mientras que la investigación de los casos enfrenta altos niveles de impunidad.

Entre 2012 y 2024, se han reportado mil 291 agresiones contra personas que defienden la tierra en México, incluyendo asesinatos, desapariciones y ataques contra comunidades. Global Witness mantiene a México entre los países con mayor número de asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial.

Cifras de años recientes

En 2023, el Cemda registró 123 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente, además de 20 asesinatos y al menos 19 desapariciones. El 57.7% de los ataques se dirigió contra personas indígenas, principalmente de comunidades nahua, maya y tzeltal.

Para 2024, el organismo reportó un incremento en la violencia con 25 asesinatos de ambientalistas y 236 agresiones en total, lo que refleja la continuidad del riesgo en distintas regiones del país. En el caso de 2025 y 2026, no existe aún una cifra consolidada anual, aunque se mantienen registros de hechos violentos en diversas entidades.

Roberto Chávez, el último caso

En este contexto, distintos casos recientes ilustran la situación. La noche del 12 de abril, hombres armados asesinaron a Roberto Chávez en la comunidad de El Sangarro, en el municipio de Madero, Michoacán. El defensor ambiental caminaba con su familia cuando fue atacado tras haber denunciado la tala ilegal de bosques y la presencia de grupos criminales en la zona.

Habitantes y ambientalistas de la zona serrana que abarca los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje han solicitado a la fiscalía estatal que investigue al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, a quien señalan de, presuntamente, otorgar protección, a través de la Policía Municipal, a grupos armados que operan en la región.

Reportes locales documentan que en el último año al menos dos líderes de comités forestales han sido atacados a balazos en la región.

El caso de Roberto Chávez se suma a otros hechos registrados en 2025. El 2 de mayo de ese año, la Fiscalía de Jalisco localizó el cuerpo de Karina Ruiz Ocampo en El Arenal, tras permanecer desaparecida durante 20 días. La activista había participado en movilizaciones por el acceso al agua y fue vista por última vez el 13 de abril.

En Oaxaca, el 28 de febrero de 2025, el defensor Cristino Castro Perea fue atacado en Barra de la Cruz, en Santiago Astata Tehuantepec, cuando se encontraba en el kiosco de la comunidad. El activista, integrante del mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos, recibió disparos pese a contar con medidas de seguridad.

Estados más peligrosos para los ambientalistas

Los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca figuran entre los más peligrosos para defensores ambientales, de acuerdo con el Cemda. En estos territorios, la violencia se relaciona con disputas por recursos naturales y presencia de grupos criminales que buscan controlar actividades económicas ilegales.

Posibles casos de colusión e impunidad

El informe también señala posibles casos de colusión entre autoridades y crimen organizado. Un ejemplo es el de Higinio Cruz en Guadalajara, quien —en noviembre de 2023— fue citado por una autoridad municipal, posteriormente entregado a un grupo criminal y hallado sin vida tras oponerse a proyectos de deforestación y minería.

La falta de sanciones y la debilidad institucional agravan el panorama. Global Witness y Cemda coinciden en que la impunidad es un factor recurrente que incrementa la vulnerabilidad de los defensores ambientales en México.