Con más de 133,000 personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad del 99.6%, Amnistía Internacional urgió al gobierno mexicano a declarar la crisis de desapariciones como emergencia nacional, respaldando la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada —un mecanismo excepcional de la ONU reservado para situaciones de gravedad extrema— que abre un canal de diálogo directo y formal con el Estado mexicano.
El Estado también desaparece personas
Amnistía cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado. La organización documentó casos en que grupos criminales actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, y otros donde servidores públicos participan directamente. Alertó además que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública.
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Las cifras que el gobierno no puede ignorar
- 118 mil 207 desapariciones registradas desde 2006 — el 89% del total
- 5 mil 696 fosas clandestinas halladas en todo el país
- 2 mil 341 colectivos de familias buscando a sus seres queridos
- De cada mil casos, menos de 4 llegan a una condena
Las exigencias concretas
- Declarar emergencia nacional con metas medibles
- Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares
- Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia
Amnistía también alertó sobre la situación de las mujeres buscadoras, quienes enfrentan amenazas, agresiones e incluso asesinatos mientras realizan labores que el Estado omite.
La respuesta de Sheinbaum: rechazo al informe, apertura al diálogo
La postura del gobierno mexicano frente a la presión internacional ha sido contradictoria. El 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó formalmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuestionando su metodología: señaló que el análisis se basa en datos de solo cuatro estados y cubre el periodo 2009-2017 —durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto— para luego extrapolarlo hasta 2025, lo que consideró metodológicamente inválido.
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Sheinbaum también argumentó que la definición de desaparición forzada —como acto del Estado por razones políticas— no corresponde a la naturaleza de la mayoría de los casos en México, vinculados al crimen organizado.
Sin embargo, apenas este lunes 13 de abril, la mandataria anunció que próximamente recibirá en México al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que conformó un grupo interinstitucional integrado por la SRE, la Secretaría de Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad para revisar el informe punto por punto y preparar la respuesta oficial.
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“Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, declaró la presidenta.
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