Feminicidio, cine y el Plan B, presidenta del Senado presenta los temas a discutir

La sesión contempla abordar un marco nacional que defina sanciones y agravantes al delito

Guardar
El Senado activó el proceso para recibir postulaciones y conformar una terna de aspirantes, luego de aceptar la renuncia del fiscal general
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expuso la agenda legislativa semanal con prioridades en reforma constitucional sobre feminicidio. Crédito: X @MorenaSenadores

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo anunció este 12 de abril la agenda para la próxima semana en la Cámara Alta, con actividades clave como la discusión el martes 14 de abril de la reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión en la expedición de una ley general sobre prevención y persecución del delito de feminicidio, según la información publicada en sus redes sociales.

Dicha propuesta pretende establecer un marco uniforme a nivel nacional para la tipificación, investigación y sanción del feminicidio. De acuerdo con Laura Itzel Castillo, la nueva ley deberá definir el tipo penal, sanciones y agravantes en colaboración con la Federación, los estados y los municipios, con el propósito de asegurar “una justicia integral a las víctimas”.

Durante el mismo martes, la Mesa Directiva sesionará para fijar el orden del día y se tomará protesta a una jueza y dos magistrados de circuito ante las vacantes existentes, conforme al marco constitucional vigente. Más tarde, se realizará una ceremonia solemne para nombrar el salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez y develar un busto en su honor.

Plan B podría recibir la declaratoria de constitucionalidad a mediados del mes de abril

El Congreso colocó en el centro de su agenda los cambios en materia electoral.
Se prevé declarar la constitucionalidad del Plan B de reforma política y electoral tras la aprobación mayoritaria de los congresos estatales. (Cuartoscuro)

El miércoles 15 de abril, el Senado estima concretar, tras la aprobación de al menos 17 congresos estatales, la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B de reforma política y electoral, que reducirá el gasto en congresos estatales, ayuntamientos y disminuirá el presupuesto de la Cámara.

La agenda legislativa incluye la discusión de la nueva Ley Federal de Cine para consolidar el acceso universal a la cultura, la conservación y el aprovechamiento del patrimonio nacional por todos los medios disponibles. Las actividades y el calendario señalado están sujetos a modificaciones.

Cambios que busca la reforma sobre el feminicidio

El Secretariado Ejecutivo informó que el 54.7% de los feminicidios se concentran en 20 municipios. | Jovani Pérez
La iniciativa presentada en el Senado prevé castigos de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio, aumentando si la víctima es menor, adulta mayor, embarazada o periodista. | Jovani Pérez

Hace unas semanas, la presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual introduce penas de 40 a 70 años de prisión, busca homologar la tipificación del feminicidio en todo el país y establece una nueva metodología de investigación obligatoria con perspectiva de género.

El objetivo es frenar la incidencia de este delito y combatir la persistente violencia letal contra mujeres, una problemática que afecta a todas las entidades.

La propuesta de Sheinbaum define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género. Señala que se configuran casos donde existen violencia sexual, ataques motivados por prejuicios o estereotipos, antecedentes de agresión o condiciones de desigualdad de poder. Incluye situaciones en que las víctimas son niñas, adolescentes, mujeres mayores, embarazadas o con discapacidad.

El proyecto, que consta de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio. Obliga al Ministerio Público a solicitar inteligencia y peritajes, con el apoyo de unidades especializadas en la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

Estas deberán operar con atención continua y protocolos con perspectiva de género. También impone a las autoridades el análisis de antecedentes de violencia aunque no existan denuncias previas.